El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió este viernes dejar en vigor la práctica prohibición del aborto en Texas, pero permitió presentar demandas en contra ante cortes de menor instancia.
En concreto, el Supremo resolvió que un grupo de organizaciones y clínicas que practican abortos en Texas pueden continuar su batalla legal en tribunales inferiores, aunque deja en vigor la ley de Texas que prohíbe interrumpir el embarazo después de las seis semanas de gestación mientras se resuelve la batalla legal.
La mayor instancia judicial de EE.UU. se pronunció un mes después de escuchar en una audiencia las demandas en contra de la ley texana del Gobierno del presidente Joe Biden y de clínicas abortivas, que centraron sus argumentos en aspectos procedimentales de la legislación y no en su constitucionalidad.
De hecho, el Supremo no ha entrado a valorar si la legislación de Texas viola el derecho al aborto, que fue reconocido en EE.UU. en 1973 gracias al fallo en el caso "Roe contra Wade", en el que se estableció que una mujer puede acabar con su embarazo en los primeros seis meses de gestación.
La decisión se limita a decir que las clínicas pueden continuar con su desafío legal en cortes inferiores y, por tanto, intentar que un juez bloquee la legislación texana.
Si eso sucede, lo más probable es que el estado de Texas interponga un recurso y el caso acabe en una corte de apelaciones, desde donde volverá al Supremo en un proceso que podría llevar tiempo.
Pese a que todavía hay una puerta abierta para seguir con su litigio, la clínicas y organizaciones denunciantes de la ley de Texas mostraron este viernes su desaliento por el fallo del Supremo, que les devuelve al punto cero en su batalla judicial.
"Hoy es un día negro para las pacientes de aborto, los médicos y quienes proveen (servicios abortivos), es también un día negro para cualquiera a quien le importen los derechos constitucionales", dijo el abogado Marc Hearron, del Centro por los Derechos Reproductivos, quien expuso ante el Supremo los argumentos de las clínicas texanas.
Hearron explicó en una rueda de prensa virtual que la resolución supone que "cualquier estado pueda prohibir el ejercicio de cualquier derecho constitucional dentro de las fronteras estatales, si permite que el veto sea aplicado mediante denuncias particulares", ya que las cortes federales no pueden impedirlo.
La ley de Texas, que entró en vigor en septiembre, prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación y no contiene excepciones para los casos de incesto o violación.
Uno de sus aspectos más polémicos es que deja en manos de particulares y no de funcionarios estatales, como suele ser habitual, su aplicación, ya que cualquier persona puede presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una embarazada a abortar si creen que infringen la prohibición.
Además, ofrece recompensas de hasta 10.000 dólares a cada demandante si gana el juicio.
Ese sistema ha permitido hasta ahora que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación recae en esos ciudadanos particulares y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto al aborto.
Hearron instó al público a no dejarse confundir con la decisión del Supremo porque, pese a dejar que el desafío legal siga adelante contra algunos funcionarios estatales, "no bloquea el plan de cazadores de recompensas de Texas", en referencia a la compensación que el estado da a los particulares para que denuncien.
Aun así, el letrado dijo que recurrirán ante un tribunal federal menor para buscar "alivio" contra esos funcionarios estatales.
Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de Whole Woman's Health Alliance Amy Hagstrom Miller, cuya organización gestiona varias clínicas afectadas en Texas, calificó de "injusta, cruel e inhumana" la decisión del Supremo, que llega cien días después de la entrada en vigor de la norma.
Hagstrom Miller destacó que ahora las embarazadas de Texas que quieren abortar deben viajar a otros estados como Oklahoma, Luisiana o Nuevo México, e incluso a otros más lejanos como Nueva York, Minesota y Virginia.
"Y las clínicas en esos estados están saturadas por intentar hacer lo mejor para apoyar a las texanas, hay una lista de espera de cuatro semanas para una cita médica en Oklahoma y más de seis en Luisiana", se quejó.
Desde el Gobierno de Biden, que ha denunciado por separado la ley de Texas, también se expresó inquietud por el fallo.
"El presidente está muy preocupado por la decisión del Tribunal Supremo que permite a SB8 (el nombre de la ley de Texas) seguir en efecto, dadas las consecuencias que la ley tiene para las mujeres en Texas y en todo el país y para el Estado de derecho", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.
La portavoz aseguró que Biden está comprometido con el derecho al aborto y reiteró el deseo del presidente de que esta garantía se ampare en una ley que sea aprobada por el Congreso.
En septiembre, la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que blindaría el derecho al aborto en todo el país y dejaría sin validez los vetos en Texas y otros estados, pero que no tiene prácticamente ninguna posibilidad de salir adelante en el Senado porque necesitaría varios votos de la oposición republicana.
Sin embargo, Psaki dijo que la Casa Blanca ha estado en contacto con el liderazgo demócrata en el Congreso para aprobar esa norma y expresó su "esperanza" de que vaya a salir adelante.
Aparte del veto de Texas, al Supremo ha llegado otro caso similar que afecta a Misisipi, que prohíbe el aborto a las quince semanas de gestación y que constituye la causa más decisiva de las últimas décadas sobre la interrupción del embarazo, ya que aquí el tribunal sí que debe pronunciarse sobre su constitucionalidad.
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