La acusación formal presentada por el Ministerio Público contra 30 personas y 18 empresas involucradas en el caso Coral y Coral 5G, recoge cómo los principales cabecillas de estos presuntos entramados de corrupción lograron adquirir propiedades millonarias que ascienden 4,500,000,000 de pesos.
En este caso, las autoridades señalan a los militares Adán Benoni Cáceres, Juan Carlos Torres Robiu, Julio Camilo de los Santos Viola, Rafael Núñez de Aza, Raúl Alejandro Girón Jiménez, Boanerges Reyes Batista, Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán Sánchez, entre otros como las cabecillas del entramado En la estructura, de acuerdo al expediente de más de 3000 páginas, Raul Alejandro Girón y Boanerges Reyes, entre otros, presentan un enriquecimiento que no “podrían justificar con sus ingresos habituales, ni por lo percibido en la comunidad de bienes, por lo que tuvieron que recurrir a testaferros y/o prestanombres para que administraran, quienes percibían respectivos beneficios”.
Asimismo, mencionan como alguno de los prestanombres a Epifanio Peña Lebrón y Manuel de Jesús Alba Solano.
El grupo de militares adscritos al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) y al Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), para sustraer los fondos de las nóminas, de acuerdo a la acusación, crearon un esquema con organización tipo pirámide, en donde, Juan Carlos Torres Robiou y Adán Cáceres reclutaban las personas que iban a ser incluidos en la nóminas y luego les sustraían el dinero que utilizaban además de lavar activos para comprar inmuebles.
En el caso del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) Raúl Alejandro Girón Jiménez, hacían transferencias electrónicas a las cuentas de las personas incluidas en dichas las nóminas.
Como cabeza recolectora Girón recibía grandes cantidades de dinero a través de su hermano Vicente Girón Jiménez, quien figura en el expediente.
De acuerdo al documento, en una ocasión Girón recibió como transferencia por parte de su hermano, más de 45 millones de pesos.
Con el dinero en su cuenta Girón Jiménez, hacía entrega en efectivo al “acusado Rafael Núñez de Aza (NDA) y este cubría los gastos y compromisos, además de adquirir propiedades para sus superiores Juan Carlos Torres Robiou (D1) y Adán Benoni Cáceres Silvestre (ABC) y demás miembros del entramado”.
El Ministerio Público asegura que cada cabeza recolectora tenía su lista particular de personas para recoger mensual el dinero, las cuales le hacían los depósitos, transferencias o entregas de dinero en efectivo. Luego de recolectar el dinero de las nóminas, hacían la entrega en efectivo o por transferencia bancaria al acusado Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien se quedaba con un porciento y hacia entrega en efectivo, de la mayor parte del dinero, al acusado Rafael Núñez de Aza, a quien le hacía entrega en su residencia en Colinas del Oeste o en la oficina de la institución.
Boanerges Reyes Batista
Otro de los que también figuran como beneficiario del dinero que supuestamente fue sustraído al Estado es el general del Ejército Nacional Boanerges Reyes Batista, quien de acuerdo al expediente, libraba fondos en el Cusep como subjefe de esa institución y adquirió varios inmuebles.
El Ministerio Público señala que en 2014 Reyes Batista fue designado como director general del Cuerpo Especializado del Metro (Cesmet). A partir de ese año se comienzan a librar los fondos para operaciones de inteligencia a “nombre del General Julio Camilo de los Santos Viola, fijándose una partida de ocho millones de pesos mensuales, además de entregarse fondos especiales adicionales, como es el caso del mes de diciembre del 2016 cuando se libraron varios cheques con un monto total de sesenta y un millón de pesos”.
El Ministerio Publico señala que a través de varias empresas Junto a Adán Cáceres utilizando los recursos sustraídos del erario, para adquirir diez inmuebles, consistente en solares continuos, en el lujoso residencial Colinas del Oeste.
“Con lo anterior se verifica, que quien realiza las negociaciones y los pagos en efectivo para la adquisición de los referidos terrenos es el acusado Rafael Núñez de Aza, en nombre de Adán Benoni Cáceres Silvestre, Boanerges Reyes Batista y Franklin Antonio Mata Flores, posteriormente instruyendo a que la transferencia de los mismos se realizara a nombre de la empresa Único Real State e Inversiones S.R.L., a través de la acusada Rossy Guzmán Sánchez”, dice el expediente.
Epifanio Peña Lebrón
La acusación también presenta varias personas que fungían como prestanombres o testaferros de las cabecillas del entramado, uno de ellos es Epifanio Peña Lebrón, quien supuestamente era cercano a Adán Benoni Cáceres Silvestre y le sirvió a este para la adquisición de propiedades con dinero proveniente de actos de corrupción.
Peña Lebrón, laboró en el Cuerpo de Seguridad Presidencial, donde se desempeñó con el rango de coronel abogado del Ejército de República Dominicana, ocupando la función de Encargado del Departamento Jurídico (Cusep), desde el 16 de agosto 2012 hasta el 01 de septiembre 2020, durante los 8 años de gestión de Adán Cáceres.
El Ministerio Público dice que este ocultaba propiedades que eran de Adán Cáceres, indicando el inmueble ubicado en la Calle General Ramón Franco Bidó, no. 36, Torre Lice Carolina 3, apartamento C-5, Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional. El inmueble está registrado a nombre de la empresa acusada Único Real State e Inversiones, S.R.L., propiedad de los Rossy Guzmán Sánchez y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán.
“El mismo al ser tasado, en fecha 06 de abril del 2022, a solicitud del Ministerio Público, se determinó que posee un valor de DOP 5,870,000.00, indican.
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