Tuve deseos de lanzar un zapato al televisor cuando Jean Alain, en ocasión de la presentación de la magistrada Miriam Germán para la renovación de su mandato como Juez de la SCJ, intentaba humillarla suministrando informaciones obtenidas por medios de dudosa licitud.
Dos años más tarde le detuvieron, no niego que me hizo sentir bien la posibilidad de su condena, pero bajo ninguna circunstancia, su humillación y la conculcación de sus derechos porque estás nada aportan a la justicia.El pasado martes leía la reseña de Listín Diario sobre la comparecencia de la Procuradora General de la República ante la Cámara Americana de Comercio; afirmaba la noble jueza hoy Procuradora, que “el proceso penal no implica la pérdida de la dignidad de las personas” pero la verdad es que esa garantía constitucional, hoy para muchos, no existe en el país.
Expresó claramente que la persecución penal debía ser “sin dejarnos arrastrar por el populismo penal”, pero actualmente, el show mediático –acompañado de filtraciones de información privilegiada- anula toda posibilidad de justicia imponiéndose a los jueces entre los cuales, según declaración de muchos abogados –recogida hoy en la prensa- hay una situación de “terror judicial”.
Puntualizó que “hay que evitar que la notoriedad de un caso derive en la sobre-exposición mediática de las víctimas y los imputados (…) Los casos deben ser dilucidados en los tribunales, para adoptar una decisión conforme a los hechos verificados y el derecho aplicable”.
Estaba hablando, creo, la Jueza que durante toda su carrera fue icono de garantías a los justiciables quien, siempre, con un criterio de prudencia aplicó con justicia la ley y, que desbordada por la presión pública, no ha logrado brindar esas garantías desde la jefatura del Ministerio Público. Repone esas garantías conculcadas, como en las alertas migratorias, mediante un “exhorto”.
El Presidente Abinader, que borracho de buenas intenciones, ha querido una Justicia independiente, algo que ya teníamos -aunque no era buena, pues la Procuraduría General no es la Justicia- llegó a sugerir una modificación constitucional para “blindarla”, juiciosamente doña Miriam aclara que en el marco de la Ley 133-11 y de las previsiones constitucionales “no existe espacio para instrucciones o interferencias del Poder Ejecutivo” en sus actuaciones.
En este aspecto la Norma Sustantiva y la prudencia establecen, como en todos los países, que el Ministro de Justicia, es miembro del Gabinete y, en este, está encargada de la política criminal del Estado, que es algo más, mucho más, que la persecución de la corrupción, implica de hecho, en muchos casos, cuestiones ligadas a la seguridad nacional. Las actuaciones de la Procuraduría, más que la de cualquier otro miembro del gabinete, tienen efectos en la seguridad interior y, sin comprometer su independencia –administrativa, funcional, económica, presupuestaria– exigen coordinación e información al Ejecutivo.
Suponga que mañana doña Miriam, toda prudencia, no es la Procuradora y cualquier fiscal –buscando cámara- amanece con una orden de arresto en contra de Danilo, Leonel e Hipólito y la ejecuta a media noche sin informar al Presidente de la República, sin conocimiento del DNI, ni de la Policía. Eso, en horas previas a un encuentro de los cuatro para tratar la reforma fiscal o el tema haitiano.
Imagine que obtiene, en el marco de una indagatoria, una orden de arresto en contra del Ministro de las Fuerzas Armadas y el Director de la Policía Nacional y con sus efectivos asignados – in informar al Presidente- se presenta a ejecutarla y se arma una balacera.
En ambos casos, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional quedaría como un tonto por la actuación de su Ministerio de Justicia, pero él sigue siendo responsable de los hechos que se deriven porque su primer deber es mantener la gobernabilidad y la seguridad pública piezas claves del bienestar que en democracia se logra solo a través del consenso político.
El Estado es un ente armónico, como debe serlo su Gobierno o perecen como cualquier casa dividida porque el objeto de la Administración –de la que el Ministerio Público es parte– es el bien común: La razón por la que esta Administración fue elegida no fue la persecución criminal en violación a las normas procesales y al sentido común, aunque existiera un claro mandato para poner fin a un estado de cosas indeseadas, éste, como expresó doña Miriam, se debe ejecutar con prudencia dentro de las políticas públicas del Estado.
Ante la Cámara Americana de Comercio creo que habló la Jueza dándole indicaciones al Ministerio Público o la Procuradora tratando de que se encause mejor la persecución: Todos queremos que el estado de derecho no colapse en manos de nuestra Jueza más emblemática en el Gobierno de Luis, al que muchos contribuimos en busca de garantías constitucionales.
¡Ah! Pero, a propósito, no he visto en la prensa fotos del Gabinete y, hasta tanto se modifique la Constitución, cuando éste sea convocado, en ella debe estar la Procuradora General de la República como uno de sus miembros más importantes, en su condición de Ministra de Justicia, si es una falta protocolar, corríjanla.
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