La coronela Ysabelita de los Santos Pérez, y otros seis subalternos, acusados de la agresión al Defensor del Pueblo y a miembros de la prensa, se enfrentarán este miércoles a su primera prueba de fuego con la justicia.
Y es que el juez, Raymundo Mejía, conocerá a las 9:00 de la mañana solicitud de apertura a juicio en contra de la ex encargada del Centro de Retención Vehicular “Canódromo El Coco”, Santos Pérez y demás implicados, presentada por los fiscales de la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Ya el abogado de la coronela De los Santos Pérez, Bunel Ramírez y los demás encartados en la agresión, fueron notificados por la secretaria del tribunal de la audiencia, así como de la acusación presentada en contra.
El tribunal fijó el juicio preliminar luego de que la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción de esta jurisdicción, Kenya Romero, apoderara al tribunal, mediante sorteo aleatorio computarizado.
La acusación formal fue presentada por las fiscales Minerva Batista Hernández y Santa Matilde Reyes Valenzuela, en contra de los siete implicados en la agresión perpetrada contra miembros de la Defensoría del Pueblo y la prensa, en el Canódromo el pasado mes de abril.
Los agresores
En el caso donde fue borrada la data del teléfono que le arrebataron a la periodista del Listín, figuran como acusados además de la coronela De los Santos Pérez, Geraldina de los Santos Peña, Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier, Starling Ramírez Sierra, Ronny Recio Rosario y Carlos Oliver Borque Paulino.
Marisol Vargas, Nataniel Javier Javier y Geraldina de los Santos Peña fueron acusados de golpes y heridas, delitos sancionados por el artículo 309 del Código Penal. Mientras, De los Santos Peña fue acusado de violar los artículos 5 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En la acusación el Ministerio Público aduce que los imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal, cuando una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, acudió al lugar y se dirigía al despacho de la responsable del Centro de Retención Vehicular Canódromo, de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett).
Señala que Batista Hernández y Reyes Valenzuela apuntan que Ulloa visitó las instalaciones, junto a los medios de comunicación, para realizar una inspección, motivado por múltiples denuncias interpuestas en sus oficinas.
Asimismo, detallan que, cuando las víctimas se disponían entrar a las oficinas de administración del centro, Ramírez Sierra le arrebató y destruyó las cámaras de video a un camarógrafo de CDN, y un reloj inteligente, además de despojar de su cámara fotográfica a un reportero del Listín Diario y al fotógrafo de la Defensoría, a quienes, además, agredió físicamente.
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