Van a renovar la ley sobre el tráfico de personas

Yadimir Crespo

Santo Domingo, RD

Desde hace casi dos déca­das el país cuenta con una legislación sobre trata de personas y el tráfico ilíci­to de migrantes, un fenó­meno común gracias a la ubicación del territorio en una región calificada in­ternacionalmente como de origen, tránsito y desti­no de la trata.

Este delito, llamado tam­bién “la forma moderna de la esclavitud”, se posiciona entre los negocios ilegales más lucrativos del mundo y encuentra en países con normativas atrasadas y un tanto flojas, como Repúbli­ca Dominicana, un escena­rio ideal para su comisión.

Pero puede que pronto, con las esperanzas del go­bierno puestas en este año, esta ley sea renovada, ade­cuando la normativa a los nuevos tiempos y asumien­do recomendaciones de or­ganismos internacionales, así lo aseguró a Listín Diario el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relacio­nes Exteriores (Mirex), Jat­zel Román. La actualización de los conceptos, refuerzos en la protección de perso­nas víctimas de la trata y sanciones más severas, son algunos de los aspectos que abordará un borrador de proyecto de ley que, junto a otras instituciones del Es­tado, busca modificar la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de per­sonas. “Se trata de una ley que cumplió su cometido; en el momento no teníamos una legislación explícita pa­ra ello, pero se encuentra desactualizada”, dijo Ro­man.

El viceministro explicó que con el pasar de los años, el delito se ha ido diversifican­do y es en la práctica que han podido identificar áreas de debilidad que requieren reformas.

Cambios
El país fue clasificado el año pasado en el nivel 2 en un Informe Anual sobre la Tra­ta de Personas que emitió el gobierno de los Estados Unidos. Aunque no es la ca­tegoría más óptima, el país salió de la lista de vigilan­tes en ese reporte, una sec­ción destinada a las nacio­nes consideradas entre las que no están tomando me­didas sólidas para combatir la trata.

Entre las recomendacio­nes para pasar a la prime­ra categoría y mejorar las políticas públicas contra este delito se incluyó im­poner sentencias más seve­ras e implicar a los sobrevi­vientes en la elaboración y aplicación de leyes, regla­mentos y políticas contra la trata de personas.

De igual forma, se hizo én­fasis en solicitar “enmen­dar la ley del 2003 contra la trata de personas para eli­minar el requisito de pro­bar la fuerza, el fraude y la coerción de las víctimas de trata de personas con fi­nes sexuales menores de 18 años para que sea coheren­te con el derecho interna­cional”.

Cada uno de los aspec­tos notificados por Estados Unidos fueron incluidos en el proyecto, según Román.

Otro de los cambios que se agregarían es lo concer­niente a la identificación de recursos para reparaciones a las víctimas, “y esto es un compromiso que tenemos y estamos convencidos que el Congreso evaluará de ma­nera positiva para que exis­ta mayor apoyo”.