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Desde hace casi dos décadas el país cuenta con una legislación sobre trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, un fenómeno común gracias a la ubicación del territorio en una región calificada internacionalmente como de origen, tránsito y destino de la trata.
Este delito, llamado también “la forma moderna de la esclavitud”, se posiciona entre los negocios ilegales más lucrativos del mundo y encuentra en países con normativas atrasadas y un tanto flojas, como República Dominicana, un escenario ideal para su comisión.
Pero puede que pronto, con las esperanzas del gobierno puestas en este año, esta ley sea renovada, adecuando la normativa a los nuevos tiempos y asumiendo recomendaciones de organismos internacionales, así lo aseguró a Listín Diario el viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Jatzel Román. La actualización de los conceptos, refuerzos en la protección de personas víctimas de la trata y sanciones más severas, son algunos de los aspectos que abordará un borrador de proyecto de ley que, junto a otras instituciones del Estado, busca modificar la Ley 137-03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas. “Se trata de una ley que cumplió su cometido; en el momento no teníamos una legislación explícita para ello, pero se encuentra desactualizada”, dijo Roman.
El viceministro explicó que con el pasar de los años, el delito se ha ido diversificando y es en la práctica que han podido identificar áreas de debilidad que requieren reformas.
Cambios
El país fue clasificado el año pasado en el nivel 2 en un Informe Anual sobre la Trata de Personas que emitió el gobierno de los Estados Unidos. Aunque no es la categoría más óptima, el país salió de la lista de vigilantes en ese reporte, una sección destinada a las naciones consideradas entre las que no están tomando medidas sólidas para combatir la trata.
Entre las recomendaciones para pasar a la primera categoría y mejorar las políticas públicas contra este delito se incluyó imponer sentencias más severas e implicar a los sobrevivientes en la elaboración y aplicación de leyes, reglamentos y políticas contra la trata de personas.
De igual forma, se hizo énfasis en solicitar “enmendar la ley del 2003 contra la trata de personas para eliminar el requisito de probar la fuerza, el fraude y la coerción de las víctimas de trata de personas con fines sexuales menores de 18 años para que sea coherente con el derecho internacional”.
Cada uno de los aspectos notificados por Estados Unidos fueron incluidos en el proyecto, según Román.
Otro de los cambios que se agregarían es lo concerniente a la identificación de recursos para reparaciones a las víctimas, “y esto es un compromiso que tenemos y estamos convencidos que el Congreso evaluará de manera positiva para que exista mayor apoyo”.
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