Ocho de los 11 implicados en el presunto entramado de corrupción denominado Antipulpo continuarán con prisión preventiva en un centro de corrección y domiciliaria, luego de que ayer el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional les ratificó las medidas de coerción impuestas por el Tribunal de Atención Permanente.
El juez suplente Pablo Imbert confirmó la prisión preventiva por tres meses, al exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán; al expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) Fernando Rosa; así como Aquiles Cristopher, Wacal Bernabel, José Dolores Santana y Julián Suriel Suazo. Ese grupo guarda prisión en el recinto Najayo Hombres.
El juez confirmó el arresto en sus residencias de Magalys Medina Sánchez, hermana del expresidente de la Republica, Danilo Medina, y Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública.
A estos dos últimos, el juez les flexibilizó el uso de grilletes electrónicos, para que puedan moverse en una extensión de 500 metros dos días a la semana, ya que antes solo podían permanecer dentro de la casa.
La fiscal Mirna Ortiz, encargada de Litigación de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), consideró que la ratificación de la coerción demuestra la contundencia de los cargos presentados. “Con esta ocasión van 6 veces que distintos jueces examinan el valor de la medida de coerción presentada por el ministerio público y todos han estado de acuerdo que la medida idónea es la prisión preventiva”, agregó.
Que pesa contra los imputados”, destacó la representante del ministerio público a la salida del tribunal.
El abogado Juan José Eusebio, representante de Aquiles Cristopher, dijo que su cliente presentará en una próxima oportunidad los resultados de los exámenes médicos que avalan sus problemas cardíacos.
SEPA MÁS
Juez Vargas dictó la coerción
8 de diciembre.
El 8 de diciembre del pasado año, el entonces juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso medida de coerción a once implicados en ese presunto entramado de corrupción, que, según el ministerio público, dirigía Alexis Medina, hermano del exmandatario Danilo Medina.
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