La declaración respuesta de Miguel Gutiérrez Díaz en la corte federal de Miami, donde le fuerorn leídos los cargos en su contra por presunto tráfico de drogas, fue lacónica: “No culpable”.
Ahora, el imputado, con esta declaración de no culpabilidad, puede apelar, por derecho, a la posiblidad de una sentencia condenatoria.
El diputado y empresario santiaguero fue detenido el pasado lunes por oficiales estadounidenses a su arribo a Miami en un vuelo comercial desde la República Dominicana.
Junto a él, en el expediente son señalados, además uno de sus hermanos, Miguel Emilio Gutiérrez, alias “El Alemán”, y a los hermanos Danny y Endy Núñez Mármol. De los cuatro, solo guarda prisión el legislador.
Contra el grupo pesan los cargos de “conspiración para distribuir cocaína, sabiendo que sería importada a los Estados Unidos; conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; y conspirar para poseer con la intención de distribuir cocaína”. De ser declarados culpables, las probabilidades están abiertas para una condena a cadena perpetua contra el diputado santiagués Miguel Gutiérrez y otras tres personas vinculadas a una supuesta red de narcotráfico que triangulaba sus operaciones entre Estados Unidos, Colombia y República Dominicana.
La supuesta red operaba entre 2014 y 2017, en los condados estadounidenses de Miami-Dade, Broward y Monroe, en el distrito sur del Estado de Florida.
“Comenzando al menos a principios de 2014 y continuando hasta alrededor de 2017, las fechas exactas son desconocidas para el Gran Jurado, en los condados de Miami-Dade, Broward y Monroe, en el Distrito Sur de Florida”, indica la acusación.
Al grupo le son señalados tres cargos: “conspiración para distribuir cocaína, sabiendo que sería importada a los Estados Unidos; conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; y conspirar para poseer con la intención de distribuir cocaína”.
Por los mencionados delitos, que violan las secciones 846 y 963 del Título 21 del Código de los Estados Unidos, podrían cumplir la pena máxima de cadena perpetua, según expone el expediente.
Las autoridades dicen que confiscarán cualquier propiedad que constituya o derive de productos obtenidos, directa o indirectamente, de las infracciones que se les acusa.
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