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Lo que inició como un ambicioso proyecto para modernizar y descongestionar el sistema judicial del Distrito Nacional, hoy se ha convertido en un símbolo visible de abandono y conflicto legal.
Basado en el reportaje de esta noche de El Informe con Alicia Ortega, con una inversión que supera los 146 millones de pesos y más de seis años paralizado, el antiguo Hotel Cervantes sigue deteriorado.
Iba a ser remodelado para albergar las Jurisdicciones Especiales y varias salas judiciales, sigue en un estado de deterioro preocupante.
Un proyecto detenido entre planos y conflictos
Según la licitación publicada en 2018, el plan contemplaba transformar el histórico edificio para acoger a las Salas de Familia, Tribunal Administrativo, Cortes de Trabajo y Reestructuración, entre otras dependencias judiciales.
El ingeniero Carlos Vélez, propietario de la constructora Convesa, empresa ganadora de la licitación, explica que tras iniciar los trabajos, comenzaron a surgir problemas serios.
"Detectamos incongruencias en los planos entregados por el Poder Judicial, que no coincidían con la realidad física del edificio. Esto generó adicionales y retrasos".
Obras paralizadas y conflictos administrativos
En abril de 2019, tras un cambio en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, la Constructora Convesa recibió una llamada informando la suspensión de los trabajos por decisión administrativa, sin documento formal que sustentara la medida.
Para ese momento, la obra estaba concluida en un 93%, según auditorías realizadas, incluyendo mobiliario y equipamiento para su uso inmediato. Sin embargo, la paralización detuvo cualquier avance y abrió un conflicto legal que mantiene el edificio en abandono.
El caso escaló a los tribunales. Pese a que la empresa Epsa Labco emitió una "fe de errata" retractándose de un punto clave de su informe inicial sobre un supuesto muro sin zapata.
El ingeniero William Sánchez, accionista de Convesa, calificó de injusta la sentencia, señalando que "la sentencia habla... del tema de los permisos... que no es nuestra responsabilidad".
Permisos, informes contradictorios y responsabilidad institucional
Un punto clave de disputa ha sido la gestión de permisos. Vélez asegura que, conforme a la ley, esta responsabilidad corresponde al Consejo del Poder Judicial, promotor de la obra, y no a la constructora.
Informes técnicos han generado polémica. Mientras un reporte inicial de la empresa Epsa Labco indicaba defectos estructurales que hacían la obra insegura, posteriores revisiones y peritajes, incluyendo uno del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA).
Estos avalaron que las construcciones cumplen con normativas vigentes y que las irregularidades señaladas no eran atribuibles a la constructora.
A pesar de ello, Convesa fue condenada a pagar 20 millones de pesos al Consejo del Poder Judicial, decisión que consideran injusta y que se encuentra actualmente en revisión judicial.
Condiciones actuales y futuro de la edificación
Con la obra paralizada, la edificación ha sido objeto de vandalismo y abandono, con puertas, cristales y herramientas sustraídas. Sánchez denunció que incluso vigas de acero valoradas en "9 a 10 millones de pesos" ya no están en el lugar.
Mientras la litis legal espera un fallo en casación en la Suprema Corte de Justicia, la edificación fue traspasada a Bienes Nacionales, y el Ministerio de Educación mostró interés en el inmueble, instalando incluso letreros en medio del conflicto.
Sobre el futuro de la estructura, las opiniones de los expertos difieren. El director general de la ONESVIE, Leonardo Reyes Madera, concluyó que más del "65 o 70%" del complejo es "salvable" y que un refuerzo "sería una solución muy económica y muy sencilla".
No obstante, recomienda la demolición del edificio de parqueos, un módulo antiguo y otra edificación, por ser "más rentable" que intentar repararlos.
El CODIA, por su parte, concluyó que las edificaciones "cumplen con las normativas" y que los problemas encontrados se deben a "falta de información y... de una coordinación efectiva con los ejecutores".
¿Quién responde?
Seis años después, el antiguo Hotel Cervantes permanece cerrado y deteriorado, con un futuro incierto y en medio de un laberinto legal. La sociedad observa cómo una obra que prometía mejorar el sistema judicial se convierte en un emblema del abandono institucional y la falta de gestión efectiva.
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