BUENOS AIRES, 31 Dic. (EUROPA PRESS) – La Justicia de Argentina ha ordenado la detención del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por crímenes de lesa humanidad en el marco de un caso abierto bajo el principio de jurisdicción universal.
Así lo ha confirmado Dario Richarte, el abogado que promueve el caso contra Ortega desde 2022, en un mensaje publicado en la red social X. «Un poco de luz entre tanta oscuridad. Un poco de justicia para tantas víctimas», ha agregado.
El juez federal argentino Ariel Lijo ha solicitado a la Interpol que se pida su captura internacional a través del sistema de alertas rojas y ha citado a declarar a Ortega y a Murillo por violación de Derechos Humanos.
TAMBIÉN CONTRA DIEZ ALTOS FUNCIONARIOS
Las mismas medidas también se han impuesto contra otros diez altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua.
Esto se produce después de que el fiscal Eduardo Taiano abriera una investigación el pasado mes de octubre para determinar si cometieron crímenes de lesa humanidad como detenciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada o torturas.
La denuncia, que se basa en el artículo 118 de la Constitución sobre jurisdicción universal, fue presentada por el abogado Richarte y un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) ante el clima de represión que se vive en el país desde las protestas antigubernamentales de 2018.
El Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) ha celebrado este lunes la decisión en una publicación en redes sociales. «Desde cada espacio posible sigamos actuando con firmeza para poner fin a la impunidad», ha subrayado.
La Justicia argentina ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal a casos como el de 2010 en el que abrió una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el régimen franquista.
En noviembre de 2021, la Justicia argentina admitió a trámite una denuncia para juzgar los crímenes perpetrados contra la minoría rohingya durante décadas por las autoridades birmanas en el estado de Rajine.
APOYO DESDE LA OPOSICIÓN NICARAGÜENSE
La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) ha mostrado su apoyo a la decisión del juez argentino y ha asegurado que «la justicia internacional no se detendrá hasta hacer pagar a todos los responsables de las violaciones de Derechos Humanos y los crímenes de lesa humanidad que el régimen ha cometido».
El movimiento ha hecho estas declaraciones a través de un comunicado, aludiendo a los miembros de la Policía y el Ejército que «ejecutan las acciones de los esquemas represivos que los Ortega Murillo promueven contra toda persona u organización que consideran opositor».
En la nota publicada en redes sociales figuran además el resto de representantes nicaragüenses que encaran la detención: cuatro altos cargos de la Policía, además de la exministra de Salud Sonia Castro, el asesor de la Presidencia Néstor Moncada Lau, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos; el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Luis Pérez Olivas; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez; y el secretario general de la alcaldía de Managua, la capital del país, Fidel Moreno.
La CDN ha ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que respalde el proceso judicial abierto contra las autoridades nicaragüenses «ante la falta de mecanismos independientes dentro del país para investigar y sancionar estos delitos» y así «garantizar que las víctimas de los crímenes cometidos por los Ortega Murillo no queden en la impunidad».
REACCIONES INTERNACIONALES
El Gobierno de Venezuela ha sido uno de los primeros en reaccionar a la orden de detención contra los Ortega Murillo. En un comunicado difundido por su ministro de Exteriores, Yván Gil, en Telegram, las autoridades venezolanas han rechazado enérgicamente lo que han descrito como una «clara operación de lawfare diseñada para agredir a un gobierno legítimo y soberano».
«Esta ridícula acción, basada en falsedades de agentes alineados al hegemonismo occidental y de sectores opositores antisandinistas, demuestra el uso político del sistema judicial argentino como un instrumento de intervención. Tal agresión responde a una estrategia sistemática que busca socavar la soberanía de los Estados independientes y justificar la imposición de medidas coercitivas unilaterales en nombre de supuestos principios de Derechos Humanos», señala la nota.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha acusado al juez Lijo de perseguir emplear la jurisdicción universal «con fines políticos», lo que «viola la soberanía y la no injerencia en asuntos internos» y ha manifestado su solidaridad con los mantadarios y pueblo nicaragüenses.
En sentido opuesto se ha expresado el presidente de Chile, Gabriel Boric, con un escueto mensaje en su cuenta de la red social X en el que ha pedido que «No olvidemos a Nicaragua y su tragedia».
«El régimen de Ortega y Murillo se consolida ‘legalmente’ como una dictadura silenciando, expatriando y reprimiendo cualquier oposición. Todo tan tan lejos de la promesa y esperanza sandinista. Hoy son mas Somoza que otra cosa», ha lamentado.
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