El Colegio de Abogados de República Dominicana depositó este martes un recurso contencioso ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) que busca anular el plan de Inspección Técnica Vehicular (ITV) que implementará el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en coordinación con la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP).
También el recurso fue interpuesto en contra de la DGAPP por supuestamente violar el artículo 40 de la ley 47-20 que establece la realización de una auditoria para esta clase de planes.
De acuerdo a Miguel Surun, con este proyecto estas instituciones del Estado buscan beneficiar a un empresario venezolano, vinculado a varios tipos de fraude.
“Que se efectuó para beneficiar a un cuestionado empresario de nacionalidad venezolana de nombre Leopoldo Castillo Bozo, quien previamente había sido beneficiado por una licitación respeto a la misma revista por el Intrant y se dejó sin efecto por los cuestionamientos a dicha persona, contra quien figuran cargos de fraude bancario y fraude en materia de seguros, lográndose emitir en su contra, órdenes de arresto internacional y alerta roja de interpol”, dijo Surun.
A inicios de este mes, el Intrant y la Dirección General de Alianzas Público-Privadas presentaron el proyecto que busca sacar de circulación aquellos vehículos que constituyan peligro para los usuarios y el medioambiente.
Explicaron que la medida está establecida en el artículo 166 de la Ley 63-17.
“Los vehículos que no cumplan con las condiciones idóneas de seguridad para circular por las calles, carreteras y avenidas del país tendrán que salir de circulación por medio de la chatarrización y los demás tendrán que ajustarse a la normativa; la cual establece que sus propietarios los mantengan en óptimas condiciones para garantizar la seguridad vial”, dijo Hugo Beras, director del Intrant.
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