El Consejo del Poder Judicial (CPJ) ordenó la destitución de siete jueces que, durante juicios disciplinarios ventilados entre los años 2020 y 2022, fueron encontrados culpables de haber cometido faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
Conforme a sentencias emitidas por el Consejo del Poder Judicial, los magistrados fueron desvinculados, luego de conocerse en su contra procesos donde la Inspectoría General jugó un rol preponderante, al asumir las investigaciones.
En los juicios disciplinarios en el 2020, fueron destituidos, los entonces jueces Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Ysabel Díaz, presidente y miembro, de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y Robert Antonio de Aza Batista, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana.
En el caso de Pérez García y Díaz, la desvinculación respondió a una investigación abierta en 2017, con relación a la sentencia que ordenó un nuevo juicio a los imputados Winston Rizik y Nelson Rizik, procesados en Monte Plata por narcotráfico y lavado de activos. A los magistrados les fueron canceladas las visas de los Estados Unidos por hacer uso de sus funciones para beneficiar al narcotráfico.
Ese mismo 2020, también fue procesado Robert Antonio de Aza Batista, en ese entonces juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana, quien se determinó actuó con parcialidad a favor de 37 personas beneficiadas con una sentencia que condenaba a Edesur al pago de dos millones de pesos por daños y perjuicio, al tirar una línea de cables en terrenos de los demandantes.
En el 2021, a la sazón, fueron cancelados los jueces: Reynaldo Antonio Soriano Cisnero, juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel; Yohan Carlos Morales Peguero, Juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia y Gregorio Antonio Rivas Espaillat, juez de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional.
A Soriano Cisnero, la Inspectoría General le atribuyó incurrir en faltas graves en el ejercicio de sus funciones, al valerse de su investidura para cometer acciones que pusieron en tela de juicio la imagen, credibilidad y buen nombre del Poder Judicial. La sentencia establece que recibió directamente o por otras personas, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a su investidura.
Morales Peguero fue acusado de cometer una falta disciplinaria grave relativa a su conducta en el ámbito laboral y el manejo de sus influencias jerárquicas para propiciar y conminar a relaciones íntimas o sentimentales con una empleada del tribunal al que pertenecía. Se dispuso, además de su cancelación, la inhabilitación para prestar servicios al Estado durante los cinco años siguientes.
Mientras Rivas Espaillat fue a juicio disciplinario acusado de realizar gestiones de procesos judiciales y extrajudiciales; exhibir en la vida privada una conducta que afectaba la respetabilidad de la función judicial al emitir cheques sin fondos e incumplir con la declaración jurada de bienes.
En el 2022, se desvinculó a Juan Miguel Pérez Gómez, al momento de ser tomada esta decisión, juez de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Valverde Mao, por alegadamente cometer irregularidades en la instrucción de los procesos de divorcio, aceptar o recibir, directa o por intermedio de otras personas, comisiones en dinero o en especie, gratificaciones o recompensas como pago de servicios inherentes al cargo que desempeña.
Consoró suspendido
Actualmente está suspendido el juez del Noveno Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Francisco Rodríguez Consoró también por alegadas faltas graves en sus funciones. Su sentencia de no ha lugar a favor de los acusados de desfalcar al Estado con la venta ilegal de cuatro millones de metros cuadrados de terreno en Los Tres Brazos, es una, “entre otras”, de las causas por las que se le investiga.
Sobre el procedimiento
Sobre las destituciones de los jueces, Jacinto Castillo Moronta, inspector general del CPJ, aseguró que hasta con “indicios muy mínimos” de actos que impliquen carácter penal, los casos son remitidos al Ministerio Público.
“Nosotros los pasamos al Ministerio Público, que hagan o no hagan, no sé. Nosotros se los pasamos”, afirmó al tiempo de enfatizar que el ámbito de la Inspectoría es únicamente disciplinaria, no penal.
Del 2019 hasta enero de 2023 han ingresado a Inspectoría 2,214 denuncias; de ellas, 561 en contra de jueces. No obstante, aclara Castillo, en su mayoría las denuncias no prosperan por estar vinculadas a los fallos judiciales y “eso debe conocerse en otra jurisdicción”.
Los reglamentos
La Inspectoría General del CPJ elabora un nuevo reglamento destinado a reducir los plazos del proceso de investigación disciplinario a los jueces, que, actualmente, se extiende hasta por un año.
Castillo Moronta precisó que trabajan para iniciar en el mes de marzo la adecuación del instrumento. Además, dijo que se actualizarán los reglamentos disciplinarios referentes a los demás servidores judiciales.
“Desde el momento en el que se pone la denuncia hasta que el Consejo toma una decisión, transcurre hasta un año o más”, especificó. Por esa situación, sostuvo que buscan reducir el tiempo a fin de que la ciudadanía tenga una respuesta más rápida a las denuncias.
Los alguaciles
“Nosotros tenemos muchas denuncias, aquí llegan entre cinco y ocho denuncias diarias, la mayoría llegan en contra de alguaciles, yo diría que, casi la mitad”, admitió Castillo Moronta. Explica que los alguaciles no son empleados del Poder Judicial, pero que sus labores impactan el sistema de justicia. Anunció que elaboran un reglamento para adecuar la labor de los alguaciles, acusados mayormente de hacer notificaciones al aire.
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