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El procurador especializado de Persecución de la Corrupción Administrativa, Wilson Camacho, informó ayer que serán sometidas a la justicia las personas que participaron en el pago de expropiaciones de inmuebles de forma fraudulenta.
“Toda persona que haya participado en ese entramado para hacer expropiaciones fraudulentas, violando la ley, se sentará en el banquillo de los acusados”, señaló Camacho.
Dijo que se trata de una investigación abierta del Ministerio Público y advirtió que “nosotros, ni en este, ni en ningún otro proceso, nos vamos a dejar amedrentar”. “Algunas conductas y acciones realizadas alrededor de ese proceso son propias de la criminalidad organizada, de pretender amenazar, chantajear a las autoridades que investigan”, expresó.
Camacho fue preguntado en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva sobre las acciones que realiza la Pepca en en base al “informe de investigación sobre pagos y libramientos por concepto de deuda pública por expropiación y simulación de compra-venta de terrenos del Estado” elaborado por varios peritos de la Unidad Antifraude de la Contraloría.
En el informe, del 23 de septiembre de 2021, los auditores de la Contraloría establecieron maniobras fraudulentas llevadas a cabo entre los meses febrero a julio del año 2020, desde el Ministerio de Hacienda, Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar y la Dirección de Catastro Nacional en la pasada gestión de gobierno, en perjuicio del Estado dominicano, por aproximadamente RD$12,540,449,339.27.
Determinaron que esas maniobras se hicieron a través de múltiples pagos a terceros, por concepto de deuda pública, bajo la modalidad Cesiones de Créditos, provenientes de procesos de expropiación de derechos sobre terrenos.
El Ministerio de Hacienda suspendió los pagos por expropiaciones a 89 personas por un valor de 17 mil millones de pesos, por oposiciones de la Pepca, lo cual le fue autorizado por la coordinación de los juzgados de la instrucción, mediante la resolución judicial número 0010, emitida el 29 de diciembre de 2021.
Demanda en nulidad
Ayer, la segunda sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) aplazó para el 23 de septiembre, una demanda interpuesta por el abogado Ángel Lockward, que procura la nulidad del informe emitido por los peritos de la Contraloría.
El juez Antonio Sánchez aplazó la audiencia, acogiendo una petición de la procuradora adjunta Yeni Berenice, directora de Persecución, quien actuó en representación de la Pepca.
Solicitud Lockward
Lockward solicitó a la Procuradora General, Miriam Germán Brito, dejar sin efecto los actos y actuaciones encaminadas por la Pepca en base al informe de los auditores de la Unidad Antifraude de la Contraloría, a través de una denuncia que presentó el 15 de agosto.
También le pidió a la procuradora que dicte instrucción especial de suspensión del proceso originado por ese informe. La Contraloría estableció, en una demanda de intervención forzosa, que ese informe no es oficial, sino de mero trámite interno.
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