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SANTO DOMINGO.- El inspector general del Ministerio Público, Juan Medina de los Santos, solicitó al Consejo Superior de ese organismo la suspensión del fiscalizador Engels Luis Polanco, de la provincia Duarte, y del procurador de corte Antonio de Jesús Báez, de Montecristi, por supuestamente incurrir en «faltas graves» y «muy graves».
«Engels Luis Polanco Henríquez ha ejercido sus funciones indebidamente al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente la institución del Ministerio Público», dijo Medina en un documento enviado a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito.
La petición se produjo días después de que Polanco solicitara la variación de la medida de coerción de prisión preventiva por garantía económica para Eusebio Rosario Hernández, alias Eddy, acusado de matar a cuchilladas a Carmen Paulino Gabriel, alias Rafelina, en junio de 2021 en San Francisco de Macorís.
La Inspectoría General del Ministerio Público aseguró que la postura del fiscalizador se «aleja aún más de la lógica cuando se toma en cuenta que el propio Polanco Henríquez, el pasado 22 de febrero, se opuso a la variación de la referida medida de coerción de prisión preventiva que cumple Rosario Hernández imputado, junto a un hijo menor de edad, del crimen.
Medina de los Santos explica en su comunicación a Germán Brito que el caso no se acogía al artículo 241 del Código Procesal Penal, sobre el cese de la prisión preventiva.
Sobre ese particular, indicó que el plazo de 12 meses para la prisión preventiva no había llegado a su término, sino que se cumplía el 7 de junio (venidero), «por lo que no se justifica que sea el fiscal que solicite la variación de la medida de coerción, por el vencimiento de un plazo que todavía no había vencido, máxime en un caso con una gravedad tal como el que nos ocupa».
EL CASO DE MONTECRISTI
En cuanto al procurador de corte de Montecristi Báez Tapia el inspector Medina solicitó su suspensión por «ejercer sus funciones indebidamente al incumplir las obligaciones o los deberes propios de su cargo e incurrir en faltas graves y muy graves por la realización de actos que afectan gravemente a la institución».
Planteó que Báez Tapia incurrió en una violación a la Ley Orgánica del Ministerio Público por «no observar las prohibiciones o incompatibilidades constitucionales o legales cuando el hecho o la omisión tengan consecuencias de gravedad para los ciudadanos o el Estado», por haber descuidado el expediente y el proceso seguido contra la exfiscalizadora Carmen Lisset Núñez Peña.
Báez Tapia retiró los cargos, además, contra los oficiales de la Policía Nacional, el mayor Víctor Ignacio Encarnación Cuevas y el capitán Juan de Dios Heredia Martínez, así como del cabo Adán Mauricio Rodríguez Pichardo, y del también cabo de la Fuerza Aérea de República Dominicana, Juan Antonio Arias Peguero, todos adscritos a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD),
La exfiscalizadora y los cuatro agentes antinarcóticos son procesados por presuntamente colocar drogas narcóticas en un allanamiento que realizaron a una peluquería ubicada en el municipio de Villa Vásquez, Montecristi, en agosto de 2019.
La acción de los agentes se difundió rápidamente por las redes sociales porque fue captada por las cámaras de video de la peluquería.
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