La tarjeta de vacunación contra el coronavirus, ese pedazo de cartón con el logo de la Presidencia de la República Dominicana, del Programa Ampliado de Inmunización (Pai), con un código de barras, pero carente de un código de rápida lectura (QR), y de otras facilidades que permita a cualquier ciudadano determinar que los datos contenidos en ellas corresponden a la persona que la porta, puede prestarse para su falsificación.
Es evidente la fragilidad en una tarjeta que desde este lunes será requerida en los lugares públicos cerrados, en empresas, bancos comerciales, escuelas, transporte público y otros. Pero… ni lo intente, pues esta infracción conlleva penas de hasta diez años de prisión.
Al igual que en otras naciones como Estados Unidos, por ejemplo, que castiga con 5 años de prisión a los estafadores que venden la tarjeta a los no vacunados, en República Dominicana la pena puede llegar hasta diez años.
El abogado Carlos Salcedo nos explica: “La tarjeta de vacunación es un acto, una escritura pública en tanto es emitida por el Ministerio de Salud Pública, por lo tanto calificando como una escritura pública, toda falsedad cometida por cualquier persona en esa escritura pública, en ese acto que emana del Ministerio de Salud Pública, califica como una falsedad en escritura pública y por lo tanto como contiene una disposición en el fondo y que conllevan obligaciones de ellos, además de prerrogativas que es la contraportada, son castigadas con la pena de tres a diez años de reclusión mayor”.
El jurista entiende que la autoridad del Ministerio Público debe imponerse aquí y desde el momento en que encuentren cualquier persona que falsifique una tarjeta de vacunas, deberá someterla “para que se respete inmediatamente la vigilancia, la coordinación general que tiene el Ministerio de Salud Pública para la defensa de la salud y la sanidad en la República Dominicana, a propósito del Covid-19, la pandemia que tan duro nos ha dado a nosotros en el país”.
Una persona guarda prisión por este delito
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo impuso tres meses de prisión preventiva, en julio pasado, a un joven acusado de falsificar y vender tarjetas de vacunación del COVID-19, a 500 pesos. Se trata de Anthony Esterlín Martínez Sánchez, quien presuntamente confeccionaba las tarjetas en un estudio de fotografía del sector Valiente, de Boca Chica.
Se le atribuye la calificación jurídica provisional contenida en la Ley 42-01 sobre Salud Pública, así como los artículos 147, 148, 150 y 151 del Código Penal y el Reglamento 1138-03, para la Habilitación de Establecimientos y Servicios de Salud.
La fragilidad de la tarjeta
Es evidente la fragilidad de la tarjeta, y los pocos mecanismos que tendrán los lugares para determinar la autenticidad de las mismas, aunque Salud Pública informó que desplegará 1,200 inspectores para observar el cumplimiento de las nuevas medidas anticovid contenidas en la resolución 00048, que dispone que todos los mayores de 12 años tendrán que presentar su tarjeta de vacunación para entrar a los lugares antes mencionados, o una prueba de covid negativa.
Salud Pública no debe publicar la tarjeta en blanco
Paradójicamente y ante lo fácil que aparenta ser falsificar una tarjeta de vacunación, para detener el covid que a la fecha ha provocado la muerte a 4,084 personas, el mismo órgano rector publica en sus redes sociales una fotografía de la tarjeta en blanco y con todos los logos a color, para informar los pasos requeridos para buscar un duplicado en caso de pérdida.
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