Las cuentas del PLD en el foco del juicio en caso Odebrecht

La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, afirmó ayer que está de acuerdo con que se revise todo lo reclamado por el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quien dijo que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) recibió dinero para la campaña y que supuestamente fueron utilizados para lavar activos.

Sobre esto, Cedeño, quien es miembro del Comité Político del PLD, indicó que esa organización es muy organizada, que lleva informes muy claros y muy detallados de cuáles son los ingresos que se reciben en campaña.

“Esa es una obligación que además con los candidatos hemos llevado a cabo. De manera tal, que se revise todo y dejemos entonces que la Procuraduría y que el Ministerio Público en su conjunto y tanto como el Poder Judicial, pues hagan su trabajo y que quede claro una vez más que el Partido de la Liberación Dominicana es el partido más transparente y que mejor gestión de gobierno ha hecho y que seguirá siendo”, señaló.

Montás reacciona
Sobre ese tema, el aspirante presidencial del PLD, Temístocles Montás, respondió lo expresado por el abogado de Díaz Rúa de que este debió estar en el expediente.

Montás señaló que solo conoce en forma general la acusación de soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos que pesa contra Díaz Rúa y otros encartados, pero afirma que su exclusión del expediente Odebrecht está sustentada en derecho, justicia y sobre todo, en la ausencia de pruebas.

Los abogados de Díaz Rúa dijeron que, “no es justo que a Montás, diciendo que recibió dinero para la campaña, lo sacaran del expediente y lo archivaran provisionalmente”, por lo que a su juicio, “si las cuentas no son válidas para Montás, tampoco deben serlo para Díaz Rúa”.

A ese argumento, el aspirante presidencial respondió que su exclusión del proceso penal se debió a la “insuficiencia de pruebas para sustentar acusación alguna en mi contra como hube de probar con la asistencia técnica de mis abogados”.

Agregó que el procurador general de la República y la procuradora de la Corte de Apelación, Laura Guerrero Pelletier, consideraron como fundamento principal del archivo otorgado que “a diferencia de otros imputados en el mismo caso, durante la investigación no se evidenció que Juan Temístocles Montás incurriera en técnicas propias de la infracción de lavado de activos, como son la adquisición de bienes suntuosos muebles o inmuebles, que no guarden proporción con sus ingresos como funcionario público ni participación accionaria significativa en compañías interpuestas (off shore) o de carpeta, ni cuentas en el extranjero, vinculadas con él y tampoco se pudo determinar que éste se valiera de algún testaferro que realizara operaciones financieras o de otra índole en su nombre”, como consigna el Auto No. 00009, de junio de 2018.