Tres agentes de policía puertorriqueños han sido acusados de secuestro agravado, robo y allanamiento ilegal contra un obrero de construcción, de origen dominicano, y permanecen detenidos bajo una fianza de 750.000 dólares cada uno, informó hoy la Policía de Puerto Rico.
Según detallaron las autoridades en un comunicado, los acusados son Joaquín Torres Cortina, de la unidad de Vehículos Hurtados San Juan; Raúl Rivero Ruíz, adscrito al precinto de Hato Rey Oeste, y el policía municipal Gabriel Rivera Pagán.
Los detenidos fueron delatados por otros dos compañeros: un recién graduado y su mentor, por unos hechos que tuvieron lugar el pasado 7 de abril y está previsto que comparezcan por primera vez ante la jueza Alfrida Tomey el próximo 23 de abril.
En una conferencia de prensa conjunta, el jefe de la Fiscalía local, José Capó; el comisionado de la Guardia Municipal de San Juan, Guillermo Calixto; y el superintendente de la Policía, José Caldero, ofrecieron detalles sobre el caso.
"Presuntamente, estos agentes intervinieron con un ciudadano de nacionalidad dominicana en la madrugada del pasado 7 de abril", explicó Caldero.
Según la investigación de agentes del Negociado de Asuntos Internos de la Policía de Puerto Rico, "los agentes se apropiaron de bienes como dinero en efectivo y un teléfono celular y además secuestraron al ciudadano".
Al detener al afectado, presuntamente los agentes se apropiaron de mil dólares en el baúl del auto y de su celular, luego le trasladaron en la patrulla a otra zona de la ciudad y allí le abandonaron, según detalló la investigación.
"Estos agentes no representan el compromiso que tienen los agentes de la Policía con el pueblo de Puerto Rico. Queremos dejar claro que estamos y seguiremos limpiando la casa", dijo el superintendente Caldero, quien informó personalmente al cónsul dominicano lo ocurrido.
"No toleraremos acciones como estas donde se violen los derechos civiles de cualquier ciudadano, ni se mancille el buen nombre de la Policía de Puerto Rico ni de la Policía Municipal", enfatizó Caldero.
Contra uno de los agentes estatales involucrados ya pesaba una querella por la pérdida de su arma reglamentaria y otra por mal uso de la propiedad.
Los agentes estatales Torres Cortina y Rivero Ruíz, llevaban en la Uniformada cuatro y once años de servicio respectivamente, mientras que el municipal Rivera Pagán llevaba cinco años.
De ser hallados culpables por el delito de secuestro, podrán ser condenados a un máximo de veinte años de cárcel; quince por robo y allanamiento ilegal, y tres por registrar un vehículo sin una orden judicial.
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, emitió hoy un comunicado en el que defendió que "nuestros policías municipales trabajan duro diariamente protegiendo a los ciudadanos y con la dirección adecuada han logrado, junto a la Policía estatal y las agencias federales, bajar la incidencia criminal".
"No voy a permitir que las acciones de uno manchen el esfuerzo de los que ponen su vida en riesgo por la seguridad y protección de vida y propiedad", enfatizó Yulín Cruz.
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