WASHINGTON.- Con el anuncio efectuado este domingo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un cierre perimetral sobre el estrecho de Ormuz, de por sí bajo control de Irán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, una zona estratégica para el comercio mundial, especialmente el energético, por donde pasaban una quinta parte de los suministros de petróleo y gas natural licuado del mundo ha quedado completamente cerrada al tráfico marítimo.
Trump ha redoblado su apuesta sobre el estrecho tras conocer el fracaso de este sábado en las conversaciones de paz de alto nivel entre Estados Unidos e Irán, celebradas en la capital de Pakistán, Islamabad, con un duro mensaje publicado en redes sociales en el que ha achacado a Teherán la responsabilidad de esta decisión y avisado además que la Marina de EEUU interceptará a cualquier barco comercial sospechoso de haber pagado el «peaje» que Irán exige desde que se hizo con el control de la zona.
Esta intercepción, ha avanzado Trump, ocurrirá «en aguas internacionales»; una declaración que complica todavía más la situación porque su país no es firmante de uno de los principales tratados internacionales que regulan esta definición, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y que establece que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas.
«UN BAILE LEGAL»
El estrecho de Ormuz tiene una anchura máxima de 21 millas náuticas. Iran y Omán reclamaron cada uno sus 12 millas correspondientes según la convención en 1959 y 1972, respectivamente. Teherán, hasta que decidió hacerse con el control del estrecho, había adoptado un enfoque selectivo sobre su cumplimiento.
Mientras, Estados Unidos se ha declarado desde hace años como un férreo defensor de la «libertad de navegación» internacional y, cuando aplica la convención, lo hace como «derecho internacional consuetudinario», normas tan ampliamente aceptadas que se consideran vinculantes incluso sin un acuerdo formal, como explica la ONG Better World Campaign, con sede en Washington D.C, antes de recordar el «enorme y complejo baile legal» que representa esta crisis.
Cabe decir que la Organización Marítima Internacional (OMI), a través de su director, Arsenio Domínguez, ha expresado el rechazo del organismo de Naciones Unidas responsable de la seguridad y la protección del transporte marítimo a cualquier mecanismo que implique la imposición de peajes al tránsito de buques por el estrecho de Ormuz, ya que «sentaría un precedente peligroso». La Unión Europea se ha declarado de la misma opinión.
Sea como fuere, desde que Irán declarara su intención de imponer un «peaje» a los barcos internacionales (una decisión que excluye a los vinculados con EEUU e Israel en todo caso), la Guardia Revolucionaria iraní había recomendado «rutas alternativas de paso» que, con la decisión de Trump, quedan paralizadas. Los destructores y patrullas de EEUU están capacitados para interceptar a barcos al oeste del estrecho, desde Bahréin o Qatar en el golfo Pérsico, o bien al este, entre el golfo de Omán y el mar Arábigo.
Dado que Irán no permitirá el tránsito de aquellos barcos que no paguen (salvo excepciones a navíos con cargamento humanitario) y EEUU ha avisado que interceptará a quienes lo hagan, el paso ha quedado efectivamente cerrado a día de hoy, a la espera de ver la reacción de los mercados internacionales en cuestión de horas y de si Trump decide ejecutar una prometida «operación de desminado» para limpiar de artefactos explosivos iraníes, dice, las aguas de Ormuz.
Toda esta crisis ocurre en una zona crucial por la que, solo en 2025, llegaron a transitar diariamente 20 millones de barriles de petróleo (de Irán, Irak, Kuwait, Qatar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos) y productos derivados, según estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA); un volumen de comercio energético de 500.000 millones de euros anuales.
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