El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza el equipo litigante junto con la procuradora de Corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), señaló que las pruebas son «sobreabundantes y evidentes».
«Este es un caso en el que las pruebas son sobreabundantes y evidentes, en el que el tribunal no tiene que hacer ningún esfuerzo extraordinario como para poder verificar la necesidad de que este proceso se envíe a juicio», indicó Camacho, de acuerdo con el comunicado del Ministerio Público.
PIDE RECHAZAR INCIDENTES
Camacho señaló que el Ministerio Público ha solicitado al tribunal en la réplica enviar el proceso a juicio, e indicó que también pidió rechazar los incidentes que han presentado todas las defensas, así como que se acojan las pruebas de la Fiscalía.
«No hay ninguna razón jurídica para que el tribunal acoja los incidentes que han planteado las defensas. Las defensas, tanto dentro del tribunal como fuera del tribunal, cuando lo hacen aquí con ustedes (los periodistas), se han limitado a presentar opiniones. Una opinión la puede tener cualquiera, pero los hechos no. Los hechos son objetivos y verificables. Las opiniones no», aseguró el fiscal en declaraciones a los periodistas.
Camacho defendió que las defensas nunca responden los hechos en el tribunal.
«No responden cuestiones como que hubo una reunión en Palacio en el año 2019, que se mandó en esa reunión en Palacio a buscar fondos, que se creó un lugar para la recepción de esos fondos que se llamaba La Casita que estaba en Bella Vista. No hablan del dinero que reconoce el propio Bolívar Ventura que tuvo que pagar y estamos hablando de más de 1,200 millones de pesos», precisó.
«SISTEMA DE SOBORNO»
Tampoco, según Camacho, «hablan de la línea de casino en la que también se estableció un sistema de soborno que se llamaba El Programa o El Proyecto».
De acuerdo con el Ministerio público, los acusados quienes fueron apresados durante la Operación Calamar, integraban una estructura que desvió más de 19,000 millones de pesos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y sobornos utilizados para financiar la campaña electoral de 2020.
Además de los exministros de Hacienda y Obras Públicas Donald Guerrero Oritz y Gonzalo Castillo, entre los encartados en el expediente por corrupción administrativa figuran José Ramón Peralta, exministro administrativo de la Presidencia.
También, Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Piccirillo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), y Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional. Asimismo, Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar. EFE
pma
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