La magistrada explicó que la complejidad y gravedad de este tipo de casos hacen inevitable la realización de arrestos adicionales, reiterando que la investigación se mantiene activa y en constante desarrollo.
Reiteró además que el órgano persecutor no tiene acuerdos de culpabilidad ni ha otorgado criterios de oportunidad a ninguno de los 10 imputados del caso.
“La posición del Ministerio Público es clara: iremos por penas contra los diez acusados y contra otros que puedan surgir en el curso de la investigación. No habrá trato de testigos para quienes lesionaron gravemente al pueblo dominicano”, afirmó la funcionaria.
En cuanto a los alegatos de salud presentados por la defensa de Santiago Hazim, el principal imputado, la procuradora fue enfática al señalar que no existe ningún informe médico que establezca que no esté en condiciones de enfrentar el proceso judicial.
“Quien tiene salud para responder por la gestión de fondos públicos, tiene salud para enfrentar la justicia”, sostuvo, subrayando que los hechos imputados están relacionados con la privación del derecho a la salud de personas de escasos recursos.
Al referirse a las medidas de coerción impuestas, incluyendo el arresto domiciliario a algunos investigados, la procuradora aclaró que la coerción no es una pena ni una sanción, sino un mecanismo legal que permite al Ministerio Público avanzar en la investigación.
La procuradora destacó el trabajo realizado por el equipo investigador, el cual, dijo, ha laborado sin descanso durante meses, en jornadas extendidas “de sol a sol”, esfuerzo que fue reconocido por el propio juez al valorar la fortaleza y calidad de la investigación presentada.
Reiteró que la salud es un derecho fundamental y que nadie, sin importar su posición, puede jugar con la salud del pueblo dominicano. “Este Ministerio Público seguirá cumpliendo su deber. Aquí tiene que haber condenas ejemplares por el gravísimo daño causado a más de siete millones de afiliados y a toda la sociedad dominicana”, enfatizó.
La procuradora ofreció estas declaraciones durante el acto de inauguración de una Fiscalía Comunitaria en Haina, provincia San Cristóbal.
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