Santo Domingo, 5 jul (EFE).- Un tribunal del Distrito Nacional impuso como medidas de coerción garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país contra ocho imputados presuntamente vinculados a una red criminal desmantelada por fraude bancario y robo de identidad que operaba desde Bonao, provincia de Monseñor Nouel.
En un comunicado se precisa que se dictó garantía económica, mediante contratos, de 3,000,000 de pesos para Freddery García Ortiz, considerado cabecilla de la red y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., y de 2,000,000 para su pareja, María Carolina Durán Tavárez.
Se ordenó, con la misma modalidad, garantía económica de 1,000,000 de pesos para George Charlie Abreu Tejada, de 500,000 para Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias, de 200,000 para Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y de 150,000 pesos para Wilton Rafael Gutiérrez (Chango).
Además, el caso fue declarado complejo y se dio un plazo de 12 meses para que la Fiscalía concluya la investigación y presente la acusación formal.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para los imputados, al considerar que había falta de garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los actos por no tener el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga.
LA INVESTIGACIÓN
La investigación, en la que trabajó el Ministerio Público junto a la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional, comenzó a raíz de las reclamaciones de varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional.
De forma fraudulenta, los presuntos miembros de la red accedían a los perfiles de los clientes, realizaban transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y luego retiraban los fondos a través de cajeros automáticos y ventanillas de distintas instituciones financieras.
En el operativo se llevaron a cabo 34 allanamientos simultáneos en los que se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias.
También fueron confiscadas sustancias controladas y vehículos, así como varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a través de las actividades delictivas, dentro de una investigación que sigue abierta y en desarrollo para identificar a otros posibles implicados.
El Ministerio Público considera que se trata de una red criminal estructurada y peligrosa y ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y a la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.EFE
acm
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