Santo Domingo, 11 jun.- Comunitarios del municipio de Cotuí y la empresa minera Barrick Pueblo Viejo firmaron hoy un acuerdo para resolver el reasentamiento requerido por la expansión de la mina Pueblo Viejo, ubicada en la provincia dominicana de Sánchez Ramírez.
El consenso, logrado con la mediación del Gobierno dominicano, la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, garantiza la ejecución de un amplio plan de reasentamiento.
Una nota de prensa precisa que la inversión contempla la entrega de viviendas dignas y adecuadas a cada familia, el acceso a servicios básicos esenciales como agua potable, saneamiento, electricidad, salud y educación.
El acuerdo también establece un esquema de compensación para cultivos de ciclo corto y largo, árboles forestales y terrenos, mediante una matriz de precios pactada.
Se incluye, además, un programa de acompañamiento psicosocial, planes de vida familiar, generación de ingresos, educación financiera, y programas educativos orientados a reducir el analfabetismo y mejorar el rendimiento escolar.
El Estado acordó la construcción de una Unidad de Atención Primaria, politécnico, destacamento policial, mercado y cementerio municipal, así como la puesta en funcionamiento de una estancia infantil y el mejoramiento del tramo carretero Cotuí-Nuevos Horizontes.
Acerca del acuerdo, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, expresó que representa un paso trascendental hacia una minería inclusiva y respetuosa de los derechos comunitarios.
«Esta etapa marca el inicio de un nuevo capítulo en la relación entre el desarrollo minero y el bienestar de las personas que habitan estos territorios, reafirmando que sí es posible avanzar con responsabilidad social, diálogo y respeto mutuo», manifestó.
En tanto, Juana Barceló, presidenta de Barrick Pueblo Viejo, apuntó que el programa de reasentamiento fue concebido sobre la base de la participación continua de las partes interesadas.
Precisó que se acordaron aspectos clave como una matriz de compensación alineada a la legislación dominicana y a los objetivos establecidos por la norma de Reasentamiento Involuntario de la Corporación Financiera Internacional.
Mientras, Martín Guzmán, representante de los comunitarios, valoró el pacto como positivo. «Estamos en el punto final de una negociación y hemos sacado lo mejor que se ha podido», dijo.
En la firma del documento participaron, además, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, Eberto Antonio Núñez, alcalde del municipio de Bonao, y por el Ministerio de Energía y Minas, Rolando Muñoz, director general de Minería.
of-am
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