Pese a que el sistema de partidos en la República Dominicana se encuentra entre los más débilmente institucionalizados, según varias organizaciones internacionales, el subsidio estatal a las formaciones políticas es de los más altos de la región.
Para dimensionar la situación, a raíz de las dos elecciones generales del año pasado (municipales, y congresuales y presidenciales), las entidades políticas recibieron del Estado 5,041.6 millones de pesos para financiar sus actividades, la suma más alta en la historia democrática del país.
De acuerdo con el estudio de Participación Ciudadana (PC), Diagnóstico del sistema electoral y de partidos de la República Dominicana: propuestas para la reforma de las Leyes No. 33-18 de Partidos y No. 20-23 del Régimen Electoral, el país es el que más financia a los partidos tanto antes como después de las elecciones.
Financiamiento per cápita
El análisis revela que, por cada habitante, el Estado destina 2.36 dólares al año para cubrir el financiamiento ordinario de los partidos políticos, es decir, en épocas no electorales.
Durante un año electoral, el Estado dominicano asigna 6.40 dólares por habitante para cubrir los gastos de campaña de los partidos y candidaturas.
Al referirse al FPO (Financiamiento Público Ordinario), se habla del dinero que el Estado entrega regularmente a los partidos políticos para su funcionamiento cotidiano, fuera de los períodos electorales. En cambio, el FPE (Financiamiento Público Electoral) corresponde a los recursos públicos asignados exclusivamente para cubrir los gastos de campaña durante las elecciones.
El FPO dominicano supera con creces al de países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y se encuentra 1.28 de dólares por encima del promedio per cápita de América Latina. En esta categoría, el país ocupa la tercera posición regional, superado únicamente por Panamá (segundo lugar) y México (primer lugar).
En cuanto al FPE, la República Dominicana se ubica en la cuarta posición en América Latina, siendo superada por Uruguay (7.6 dólares per cápita), Costa Rica (9.8) y Panamá (12.7).
Amenaza de desconexión
Sumado a la falta de institucionalidad de las estructuras políticas, la vinculación directa del financiamiento de los partidos con las finanzas estatales provoca que cada año se desembolsen sumas cada vez más elevadas a estas organizaciones.
Gustavo Oliva, politólogo y sociólogo a cargo de la investigación de PC, explicó el pasado miércoles que uno de los aspectos más peligrosos de esta situación es que se genera una desconexión entre los partidos y la ciudadanía.
"Esa dependencia de los recursos del Estado hace al partido autónomo de la sociedad. Es un desincentivo para competir mejor e inhibe la innovación política, porque yo voy a renovar mi oferta electoral sin importar si saco un 5 % más o un 5 % menos; voy a tener exactamente el mismo monto de financiación", expresó.
El experto añadió: "Cuando hay una dependencia tan fuerte como hay en Dominicana de los recursos estatales, los efectos positivos del financiamiento no afloran y no solo no afloran, sino que sirven para engrasar estructuras clientelares".
Propuestas para cambiar
Para transformar la situación, la organización propone cambiar los mecanismos de asignación, acceso y distribución del presupuesto público, con el objetivo de eficientizar y garantizar la sostenibilidad del financiamiento gubernamental.
En primer lugar, se plantean dos mecanismos para reducir en torno al 30 % los subsidios ordinarios a los partidos, sin que esta disminución altere la posición del país en la región.
El primer mecanismo, basado en el Ingreso Nacional Plurianual (INP), adapta el modelo panameño y vincula el financiamiento a un porcentaje fijo (0.8 %) de los ingresos fiscales del año preelectoral, dividiéndolo equitativamente entre financiamiento ordinario y electoral. Este enfoque permitiría un ahorro del 29.2 % respecto al esquema actual.
El segundo método utiliza el Indicador de Necesidades Básicas Satisfechas (INBS), construido a partir de la línea de pobreza per cápita ajustada por inflación, y propone que cada voto válido se multiplique por el ingreso mínimo requerido para no ser considerado pobre, generando una reducción del 25.6 % del FPO.
Acceso y distribución
Otra iniciativa que propone la entidad es aumentar el umbral de acceso al financiamiento estatal al 1 % del total de votos válidos emitidos en las elecciones presidenciales, con el fin de evitar el reparto de recursos entre partidos sin representación significativa.
En el esquema actual, son incluidos en las reparticiones estatales los partidos que obtienen desde el 0.01 % de los votos válidos en cada elección.
Respecto a los métodos de distribución del financiamiento público, se propone un modelo mixto, donde el 50 % del monto se reparta de forma igualitaria entre todos los partidos que superen el umbral, y el otro 50 % se distribuya proporcionalmente al número de votos obtenidos.
En la actualidad, la Ley 33-18 contempla que la distribución del financiamiento estatal a los partidos políticos se realiza en tres tramos según el porcentaje de votos obtenidos en la última elección:
- 80 % del total se reparte en partes iguales entre los partidos que superen el 5 % de los votos válidos.
- 12 % se distribuye entre los que obtengan entre el 1 y 5 %.
- 8 % se asigna a los partidos con un resultado entre el 0.01 y 1 %.
No hay comentarios:
Publicar un comentario