El pasado fin de semana, un vehículo deportivo fue visto circulando en Santo Domingo Norte con una placa del Estado, ante la mirada indiferente de las autoridades.
Se trataba de un Honda Civic Tipo R (racing) blanco, identificado con una placa que comenzaba con las letras “EA”, iniciales que, según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), corresponde a vehículos exonerados de impuestos estatales.
Este modelo icónico valorado en más de 39 mil dólares, admirado en círculos selectos de amantes de la velocidad, cuenta con un motor VTEC TURBO de dos litros y cuatro cilindros, con una potencia de 235 kW (320 CV) y un par de 400 Nm, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 5,8 segundos y alcanzar hasta 272 km/h.
¿Para qué una institución o funcionario necesitaría este automóvil?
Mientras los privilegiados transitan libremente en estos vehículos de gama alta propiedad del Estado sin ningún tipo de inconvenientes, el Gobierno se preocupa por adoptar medidas para disminuir el gasto público, que de hecho, con la reforma fiscal se busca mejorar la “eficiencia” y “eficacia” de la administración pública y mejorar la calidad de los servicios a la población.
Pero, ¿cómo se contribuye al ahorro público, si aquellos que están exentos de pagar impuestos, tienen la libertad de importar vehículos no utilitarios o modestos?
Se recuerda que en el proyecto de la reforma tributaria que fue retirado recientemente del Congreso Nacional, se tenía previsto prohibir la compra de vehículos no utilitarios para el sector público, los gastos destinados a eventos generales y la impresión de las memorias institucionales.
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