Santo Domingo, 29 sep.-Organizaciones feministas demandaron hoy al Gobierno dominicano mayor protección para las mujeres que practican abortos de manera insegura, por situación de pobreza, marginalidad y exclusión.
La activista social Raquel Rivera instó a crear consciencia de que ese derecho, no es, ni debe ser un privilegio reservado solo para las féminas con recursos económicos.
Varias organizaciones expresaron en un comunicado que «las consecuencias de esa práctica en circunstancias sanitarias precarias varían, desde hemorragias graves, infecciones, imposibilidad de futuros embarazos, e incluso representan un riesgo para la vida».
El documento fue suscrito, entre otros, por Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, Núcleo de Apoyo a la Mujer, Centro Integral Para el Desarrollo Local Cidel, Coordinadora de Mujeres del Cibao, Alianza Cristiana y Católicas por el Derecho a Decidir.
Cada 28 de septiembre se conmemora el Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, fecha que vindica la lucha de las mujeres que se reunieron, en noviembre de 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, en Argentina.
En esa ocasión se aprobó la Declaración de San Bernardo, la cual estableció la proclamación del 28 de septiembre como Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de la región.
Con esta actividad, las dominicanas reiteraron el llamado al Poder Ejecutivo y a los tomadores de decisiones en general, para que despenalicen esa práctica quirúrgica en tres circunstancias especiales: cuando el embarazo representa riesgo para la vida de la mujer y si es fruto de una violación o incesto.
Asimismo, cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.
Más de 10 mil féminas sufren un aborto en República Dominicana cada año desde 2019, ya sea por causas naturales o por complicaciones de salud, mientras en el país prosigue el debate sobre la despenalización de esa práctica.
Datos del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess) indican que en lo que va de este año suman alrededor de seis mil 500 las interrupciones de embarazo.
De acuerdo con la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, se reportan miles de hospitalizaciones anuales por complicaciones.
El 3 de julio pasado el Senado aprobó, sin esas tres razones, el proyecto de ley del nuevo Código Penal, que busca sustituir el de 1844, pero que desde hace más de dos décadas se mantiene en debate en el Congreso. Una semana más tarde la Cámara de Diputados también le dio luz verde.
La falta de consenso sobre este tema frena la aprobación en el Congreso Nacional del nuevo Código Penal.
Aunque el presidente dominicano, Luis Abinader, reitera que está de acuerdo con su despenalización basado en las tres causales, pero no con el «aborto libre», también ha dejado claro que respetará la decisión del Congreso.
of-am
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