Santo Domingo, 21 jul (EFE).- El exmiembro del Congreso de Estados Unidos Connie Mack defendió este viernes el derecho del exministro de Hacienda Donald Guerrero de buscar su asesoría legal frente a las imputaciones por su presunta implicación en una red de corrupción administrativa desmantelada con la Operación Calamar.
Guerrero cumple dieciocho meses de prisión preventiva dictados el pasado abril, reclusión que le fue impuesta, según un comunicado de Mack «bajo la excusa infundada de que su posición anterior como ministro de Hacienda podría afectar a tres años de investigación que ha violado los más básicos principios dominicanos, estadounidenses y normas internacionales de justicia penal».
«Como residente permanente legal y exitoso hombre de negocios con una reputación impecable en los Estados Unidos, es su derecho legal buscar un abogado y asegurarse de que la administración Biden es consciente de las circunstancias que rodean el patrón de violaciones de derechos humanos en su caso», reza la nota, escrita en inglés y en español.
El único objetivo de Mack «es asegurar un justo proceso para el Sr. Guerrero, y la escandalosa afirmación de que esto es ‘desestabilizador’ es exactamente la razón por la que continuaré arrojando luz sobre su detención sin fundamento», señala el comunicado.
Esto, en respuesta a las acusaciones emitidas ayer por la Presidencia dominicana, afirmando que el «objetivo expreso» de la contratación de los servicios legales de Mack por parte de Guerrero es «atacar de manera directa a la figura del presidente de la República, Luis Abinader».
Una estrategia que, según el vocero de la Presidencia, Homero Figueroa, también estaría dirigida a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y a la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso».
Por el caso que implica a Guerrero también guarda prisión preventiva en exministro administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, siendo los dos únicos imputados enviados a la cárcel del total de veinte detenidos dentro de la operación anticorrupción.
En principio, el Ministerio Público había pedido 18 meses de prisión para los veinte imputados, pero al final varió la solicitud para catorce de ellos, después de que estos admitieran su participación en la supuesta red de corrupción.
En el expediente también figura el excandidato a la Presidencia en 2020 por el ahora opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y antiguo ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, enviado a arresto domiciliario y que debe depositar una garantía económica de 20 millones de pesos (unos 365.500 dólares al cambio actual).
El supuesto entramado de corrupción desvió más de 19.000 millones de pesos (más de 345 millones de dólares) y afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la acusación.EFE
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