SANTO DOMINGO.- El consejo de defensa del Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) aclaró que en los procesos judiciales no existe la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, por lo que restó veracidad a una versión de que la justicia ha puesto fin a la construcción de esta nueva terminal aérea en el este de la República Dominicana.
Afirmó que ninguna sentencia ha afectado el decreto que aprobó este aeropuerto ni el contrato suscrito con el Estado para su construcción.
“Nos preocupa profundamente que se desinforme a la opinión pública con declaraciones sobre sentencias que no son definitivas, ya que éstas han sido objeto de los correspondientes recursos», destacaron los abogados del AIB en reacción a un comunicado publicado el lunes por el equipo de defensa de la Corporación Aeroportuaria del Este (CAE) y el Grupo Puntacana (GPC).
TRES INSTANCIAS
Recordaron que el sistema de justicia del país consta de tres instancias jurisdiccionales y una constitucional, por lo que cualquier sentencia emitida por un tribunal puede ser recurrida ante las cortes superiores.
“Sólo se puede hablar de una decisión definitiva cuando el caso ha pasado por este proceso», resaltaron.
Destacaron que el caso del Aeropuerto Internacional de Bávaro ha sido objeto de cuatro sentencias emitidas por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo, todas bajo la misma composición de jueces. Además, enfatizaron que dos de estas sentencias (28 de enero y 16 de diciembre de 2022) se dictaron sin la celebración de audiencias para escuchar a las partes involucradas, violando el derecho fundamental establecido en el artículo 69-4 de la Constitución.
DEFENDERÁN LEGALIDAD
El consejo de defensa del AIB, entre los que se encuentra Emmanuel Esquea Guerrero, resaltó su firme compromiso de defender la legalidad y la transparencia del proyecto.
Señaló que todas las sentencias mencionadas han sido objeto de recursos que buscan rectificar las violaciones constitucionales a los derechos fundamentales cometidas.
Calificó como desafortunado el hecho de que se recurra a la opinión pública para intentar influir en los jueces encargados de dictar sentencia sobre los recursos pendientes.
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