La encargada de litigación de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, dijo que "ha sido una obra de teatro mal montada". La recusación a la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por parte de la defensa de Adan Cáceres Silvestre, durante la audiencia preliminar que se conoce a los implicados en el caso Coral.
Sostuvo que esa obra inició con una convocatoria a la prensa para dar a conocer un comunicado que tenían por escrito y que luego se paran en el tribunal para presentar una postura que también tenían por escrito.
Indicó que frente a la postura del tribunal de que no podía referirse a algo que no conocía, y frente a la situación de que la jueza no satisface sus pretensiones, deciden recusarla.
Ortiz consideró que la recusación no fue sobrevenida en ese momento, porque la tenían por escrito.
"Está claro que el objetivo, desde que pisaron esta sala de audiencia, era lograr la suspensión del conocimiento de este proceso, que se les viene encima y para lo cual no están preparados", dijo Ortíz.
Sostuvo que desde el inicio de las audiencias se han dado cuenta de que la defensa no estaba preparada para el proceso.
Sostuvo que recusan a una jueza, por parcial, y que se trata de la misma que le varió la prisión preventiva a Adán Cáceres Silvestre, y que le permitió realizar todos los peritajes que han requerido.
Indicó que es evidente, que es una recusación infundada.
Señaló también que acusan al Ministerio Público de estar haciendo "terrorismo judicial" y de amedrentar a los jueces, sin ese órgano haber fijado su postura ante el Tribunal.
Ortíz expresó, a la salida del tribunal, que si quieren hablar de terrorismo, están dispuestos a hacerlo.
"Terrorista es aquel que se roba el dinero del pueblo dominicano, terrorista es aquel que impide que los recursos lleguen a las escuelas, lleguen a la salud, lleguen a obras públicas para la construcción de calles, esos son los verdaderos terroristas", afirmó.
Dijo que verán más adelante la sentencia de la Corte de Apelación que admitió la querella de una fundación, porque todavía no le ha sido notificada.
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