Una pareja de esposos es acusada de robo de identidad y falsificación dentro de la operación Calamar. Se trata de Yajaira Brito Encarnación y su esposo, Ramón David Hernández.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción de Calamar, se les vincula con usar indebidamente los datos de los fenecidos Danilo Siprian Leiva, Marcos A. Martínez Paulino, José López Rodríguez, Juan De Jesús Pérez Mojica, Ramón Cott Trujillo, Manuel Altagracia Pérez Mojica y Virgilio Valera, en documentos falsificados que fueron usados para estafar al Estado Dominicano con RD$553,160,000.00.
El documento judicial indica que la pareja de esposos se asoció para constituir una compañía mediante la cual usurparon la propiedad de tres parcelas declaradas de utilidad pública ubicadas en la franja malecón pertenecientes a dos razones sociales conocidas como Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A y El Algodonal C. por A., ¨falsificando y haciendo uso de documentos falsos para acreditar que su compañía era la legítima propietaria de las parcelas reclamadas en pago por expropiación¨.
Según el Ministerio Público, de los más de 500 millones de pesos fueron cedidos más de 408 millones a la estructura criminal utilizada por el imputado Donald Guerrero, para adueñarse de parte del dinero que desde el Ministerio de Hacienda era pagado por concepto de expropiación¨.
Por otro lado, en 2017 los imputados Roberto Santiago Moquete, Ramón David Hernández y Yahaira Encarnación Brito, presuntamente se asociaron para, a través de maniobras fraudulentas, realizar la transformación de las compañías Finca de Recreo Villa Mella, S.A. y Desarrollos Rurales S.A., pasándolas a su nombre, así como la constitución de una nueva compañía con el nombre de Inmobiliaria Santa Bárbara S.R.L., con el fin de usurpar la personería jurídica de la compañía original Inmobiliaria Santa Bárbara S.A.
¨El imputado Ramón David Hernández en asociación de malhechores con su esposa, la imputada Yahaira Brito Encarnación o Yahaira Brito Evangelista, el fenecido Víctor Fermín Sepúlveda Aristy y otras personas que están siendo objeto de investigación, con el único fin de suplantar la personería jurídica de las sociedades El Algodonal C. por A., y la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A., en fecha siete (7) de marzo del año 2017 constituyó la compañía Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., con la cual usurpó los derechos reales que tenían sobre las parcelas 74-C, 142-C y 214-B del DC 2, del Distrito Nacional, las hoy víctimas, razones sociales El Algodonal C. por A., y Sociedad Inmobiliaria El Algodonal S.A¨, describe el documento.
Según la solicitud, el imputado Ramón Hernández, quien trabajó en la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, tuvo acceso a información privilegiada de las compañías que tienen inmuebles y se han mantenido inactivas durante muchos años (perdiendo en consecuencia el Registro de Nombre en la ONAPI, y poseen desactualizado el Registro Mercantil), y preparó con esas informaciones la documentación necesaria para implementar procesos de transformación de compañía, en unos casos, o constituir una nueva compañía con nombre comercial similar, ¨todo esto con el fin de apropiarse indebidamente de los inmuebles registrados a favor de esas compañías inactivas¨.
Vinculación con Donald Guerrero
El Ministerio Público explica que ¨ya armado el muñeco de un expediente para justificar el pago de los fondos que requerían la estructura corrupta organizada y dirigida por el imputado Ángel Donald Guerrero Ortiz el mismo le fue remitido por el fenecido, Emilio César Rivas Rodríguez, a su requirente ministro de Hacienda, a través de la comunicación 000664 de fecha veintiséis (26) de mayo del 2020 (que no se encuentra registrada en la Dirección General de Bienes Nacionales), para fines de pago por supuesta Declaratoria de Utilidad Pública, a favor de la compañía Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., representada por el imputado Ramón David Hernández¨.
Sin embargo, en solo tres días laborables de haber recibido el expediente, Donald Guerrero ordenó el pago 553,160,000.00.
¨No obstante, de los 553,160,000.00 acordado entre la Dirección General de Bienes Nacionales y la Sociedad Inmobiliaria El Algodonal, S.R.L., a esta última no se le transfirió ni un céntimo, puesto que dicha empresa ni cuenta bancaria posee; sin embargo, por su participación en los hechos, el imputado Ramón David Hernández se lucró ilícitamente con 133, 821,600.00, que fueron depositados en su cuenta personal núm. 1680115898, del Banco de Reservas¨, señala el MP.
El documento indica que además de Ramón David Hernández también se beneficiaron Agustín Mejía Ávila, abogado de la oficina del imputado Ángel Lockward, con 55,316,000; Marcos Antonio Martínez Hernández, en igual proporción que Agustín Mejía Ávila, es decir, 55,316,000.00. Además, la razón social BTX Dominicana, S.R.L., cuyo representante es Álvaro Jiménez, con 287,643,200.00 y Pedro Ma. De la Altagracia Veras, con 10,000,000.
La solicitud describe que en esta investigación se ha determinado que Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo), José Andrés Familia, Fernando Crisóstomo Herrera, Álvaro Jiménez Crisóstomo, Efraín Santiago Báez Fajardo, José Pablo Ortiz Giraldo, José Arturo Ureña, Juan Alexander Tapia Holguín, Pedro María de Altagracia Veras, Bernardo Rafael Ledesma Méndez, Ángel Gilberto Lockward Mella, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Agustín Mejía Ávila, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández de Paola y Emir José Fernández de Paola, están vinculados en el entramado de corrupción cuya participación fue vital para lograr los libramientos emitidos por el Ministerio de Hacienda.
Durante el allanamiento a su vivienda, le fueron decomisados un vehículo marca Toyota Fortuner y al menos 128,000 en efectivo.
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