El Ministerio Público posee el testimonio de 65 personas para sustentar la solicitud de medida de coerción en contra de los 20 implicados en el caso Calamar, donde se vinculan a los exministros del gobierno de Danilo Medina, Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo.
El primer nombre que aparece en la lista de testigos es el de Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, acusado en 2012 junto al senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, de desfalco, prevaricación y lavado de activos en perjuicio del Estado. Este caso fue archivado.
En el expediente contra Félix Bautista, Ventura Rodríguez fue acusado por el Ministerio Público de manejar fondos por más de 1,900 millones de pesos a través de su cuenta personal por más de nueve mil millones de pesos a través de la empresa Diprecalt y por más de tres mil quinientos millones de pesos a través de Constructora RMN.
También el Ministerio Público aseguró que adquirió una cantidad importante de inmuebles, incluyendo dos parcelas en el municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez; un apartamento en el residencial Pisos del Prado en el Distrito Nacional, una casa en Arroyo Hondo, un apartamento en la Torre del Prado Excelsior en la avenida México, un terreno con una extensión de un millón de M2 en Barahona, una villa en Casa de Campo y otros doce inmuebles más.
Nueve años después, en 2021, reaparece el nombre de Bolívar Antonio Ventura Rodríguez, esta vez como testigo en el expediente de medida de coerción en el caso Antipulpo, donde el principal implicado es el hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez.
Con su testimonio en este caso el Ministerio Público estableció que se realizaron varias cesiones de crédito a la empresa General Supply Corporation S.R.L., atribuida a Alexis Medina, a través de la empresa Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC y DOITECA.
Así como también explicaron que en la cesión de crédito cargada al contrato FP-011, Ventura Rodríguez solo recibió la suma de 166,000 galones de AC-30, quedando pendiente 333,00 galones; “probamos además de que desconoce los conduces existentes, por las sumas antes señaladas, así como los choferes que aparecen recibiendo los conduces, que los mismos no trabajaron para su empresa”.
El Ministerio Público estableció en ese expediente que Bolívar Antonio Ventura Rodríguez entregó de manera voluntaria RD$25,000,000.00, los cuales habían sido entregados por Francisco Pagan Rodríguez, director en ese entonces de la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), para asegurar la compra de la planta de cemento asfáltico ubicada en la sesión Orégano Chiquito, distrito municipal de Tábara Abajo, provincia Azua de Compostela, lo cual fue hecho a través del señor José Luis González (Morroco).
En este caso, Calamar, el órgano acusador lo presenta también como testigo para comprobar la participación “directa” de Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Víctor Matías Encarnación Montero, y que estos utilizaron sus empresas (Doiteca, Diprecalt, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC) para distraer fondos del patrimonio público, a través de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento reconocimientos de deuda de trabajo adicionales, y que se basan en volumetrías inexistentes (realizadas desde la OISOE).
El Ministerio Público asegura que estas operaciones se realizaron en el año 2019, pero que los antedataron con fecha de 2018 para poder justificar el pago como deuda pública en el Ministerio de Hacienda; también prueba tanto el soborno recibido por funcionarios públicos, como la estafa contra el Estado dominicano, donde distrajeron en detrimento del Estado, bajo esta modalidad, la suma de RD$1,231,993,188.
Asimismo, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) indica que demostrará con el testimonio de Ramón Emilio Jiménez Collie (Mimilo) cómo operaba la estructura encabezada por José Ramón Peralta y Ángel Donald Guerrero Ortiz, José Ramón Fco. De Jesús Peralta Fernández, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Caamaño y Víctor Matías Encarnación Montero, utilizaron las empresas del señor Bolívar Antonio Ventura (Doiteca, Diprecalt, Construcciones y Diseño RMN y Consorcio Tecnológico de la Construcción CTC ) para distraer fondos del patrimonio público, a través de cubicaciones adulteradas que tenían como sustento reconocimientos de deudas de trabajo adicionales y que se basan en volumetrías inexistentes.
Otras personas que figuran como testigos en el expediente son Fernando Crisóstomo Herrera, Fernando Crisóstomo Herrera; Francisco Pagán Rodríguez, Belkiz Antonia Tejada, Battesimo Bruno Palamara Mieses, Ana Agustina Evelin Luciano Luciano, entre otros.
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