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En medio del desencadenamiento de un torrente de indignación y repulsa popular, el Poder Ejecutivo decidió ayer retirar del Senado, temporalmente, el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes sometido ante esa cámara el 12 de diciembre de 2022.
Más temprano en la tarde, el presidente de la Fuerza del Pueblo, había pedido al presidente Luis Abinader ordenar el retiro de la pieza, advirtiendo de que esta violenta “la autodeterminación y soberanía del país”.
En una declaración oficial de la Presidencia leída ayer por su portavoz, Homero Figueroa, el gobierno indica que el propósito de la medida es “lograr el consenso público necesario”.
Mientras, en el trayecto serán reformulados aspectos de la redacción de la propuesta, para reintroducirlo en un período de 45 días, esto es, de entre hoy lunes al miércoles 29 de marzo.
Las reacciones de resistencia en cadena a este propósito abarcaron desde voces independientes hasta entes sociales urbanos y rurales, partidos políticos, autoridades religiosas, medios tradicionales, redes sociales, grupos económicos y legisladores.
El gobierno aseguró que no aceptará “ningún acuerdo o norma que convierta al país en receptor de ciudadanos haitianos afectados por la inestabilidad política en Haití”.
“Como país de recursos limitados, el suministro de servicios públicos a la población migrante irregular impacta negativamente las políticas sociales dirigidas a los ciudadanos dominicanos”, dijo Figueroa.
El proyecto, aclaro el funcionario, “responde a un compromiso asumido por el país como signatario de varias convenciones internacionales”.
Como sociedad democrática, agregó, “conviene que el sometimiento de cualquier proyecto de Ley sea corregido por el debate civilizado y la crítica constructiva”.
“Somos un gobierno que escucha. Nunca hemos dudado, cada vez que las circunstancias lo han exigido, en tomar la decisión más conveniente al interés nacional”, declaró.
“La ausencia del imperio de la ley en Haití implica riesgos políticos, sociales, económicos y de seguridad permanentes para la Republica Dominicana, por lo que este es el momento de estar unidos para defender la Patria”, apunta la declaración.
La ruta recorrida
Esta pieza legislativa alcanzó el Senado después de cumplirse una sincronía de hechos que tomaron forma el 10 de junio de 2022, cuando, al margen de la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, California, 20 países firmaron la “Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección”, en cuya ocasión República Dominicana no suscribió el documento, por diferencias con algunos criterios en el documento.
Dos meses y 17 diez después, el 27 de octubre de ese año, llegó al Palacio Nacional la subsecretaria de Seguridad Ciudadana, Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos, Uzra Zeya, donde alentó al gobierno a aprobar “una ley actualizada sobre la trata de personas, conforme a los estándares internacionales”, y que facilitará “el enjuiciamiento de quienes se aprovechen de los niños”.
Luego, 46 días después de esa visita de Seya a la sede de gobierno, el Poder Ejecutivo sometió el controversial proyecto al Senado, de cuya existencia se conoció cuando Listín Diario lo hizo público el martes del 7 de enero pasado.
En una aparente conexión con este caso, el 5 de diciembre de 2022, una semana antes de su envío al Senado, este diario publicó un reportaje dando cuenta de un notable descenso en los operativos contra ilegales que meses antes había cobrado fuerza.
El marco clave para seguir su intensidad fue el Centro de Acogida Vacacional Haina, adonde son transferidas las personas detenidas por falta de documentos.
Desde entonces, la situación ha seguido ese patrón de redadas ocasionales.
Leonel: es un ‘mamotreto jurídico’
Ayer, horas antes de la declaración oficial informando sobre la decisión del gobierno, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, había pedido al presidente Luis Abinader ordenar el retiro de la pieza, advirtiendo de que esta violenta “la autodeterminación y soberanía del país”.
Al referirse a las pretensiones del Poder Ejecutivo, el exmandatario afirmó que el proyecto permite a los migrantes ilegales quedarse en República Dominicana “sin ningún tipo de sanciones”.
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