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El presidente Luis Abinader declaró como “zonas de desastre” las provincias La Altagracia, La Romana, El Seibo, Samaná, Hato Mayor, María Trinidad Sánchez, Duarte y Monte Plata tras los daños ocurridos por el paso del huracán Fiona.
La declaración se realizó mediante el decreto 537-22, el cual expresa que el “Poder Ejecutivo podrá incluir otras provincias dentro de la declaratoria de emergencia que se establece en el artículo anterior, después de concluido el paso del fenómeno natural por el territorio de la República Dominicana, previo levantamiento de los daños ocasionados a las comunidades ubicadas en las provincias afectadas”.
El artículo dos de ese decreto indica que al menos 21 instituciones podrán realizar procesos de compras y contrataciones de bienes, servicios y obras a través de la excepción de emergencia nacional, para contrarrestar los efectos ocasionados por el huracán Fiona. Esas compras deben de “ser realizadas para ser utilizadas en las labores de ayuda humanitaria, rescate, construcción y reconstrucción de las obras como consecuencia de los daños ocasionados por los torrenciales aguaceros”.
Las instituciones son los ministerios de Salud Pública, de Educación, de Agricultura, de Obras Públicas y Comunicaciones, de la Vivienda, de Turismo y Administrativo de la Presidencia; además del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre), Servicio Nacional de Salud (SNS), Programa de Medicamentos Esenciales (Promese-Cal), Plan de Asistencia Social de la Presidencia, Comedores Económicos del Estado Dominicano, Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Empresa de Transmisión Eléctrica (ETED), Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste), Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (Edenorte), Defensa Civil.
“Las instituciones indicadas, deberán rendir un informe detallado a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Cuentas, debiendo difundirlo a través del Portal de la institución, así como en el Portal Transaccional, dentro de los 15 días calendarios después de satisfecha la necesidad provocada por la situación de emergencia”, indica el artículo cuatro de la disposición presidencial.
El decreto por igual señala que los procedimientos de contratación por excepción deberán realizarse acorde con las disposiciones de la Constitución de la República y la normativa vigente en materia de contrataciones públicas.
“Las instituciones incluidas en el presente Decreto deberán gestionar los procedimientos de excepción por emergencia nacional a través del Portal Transaccional administrado por la Dirección General de Contrataciones Públicas”, indica el articulo tres.
La disposición gubernamental expresa que la declaratoria de estas contrataciones de emergencia nacional tendrá una duración de 30 días a partir de la emisión del presente decreto.
Ayer el presidente Abinader también encabezó una rueda de prensa en el Palacio Nacional, para tratar la situación, donde estuvo acompañado por la vicepresidenta Raquel Peña, y los ministros de Defensa, teniente general, Carlos Luciano Díaz Morfa; de Turismo, David Collado; de Industria y Comercio; Víctor -Ito- Bisonó; de Agricultura, Limber Cruz; de Economía, Pavel Isa Contreras; de Trabajo, Luis Miguel De Camps; de Educación, Ángel Hernández; de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, y de Hacienda, Jochi Vicente.
También, el director del COE, general retirado Juan Manuel Méndez; el director de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then; el director de la DIGESETT, general de Brigada, Ramón Antonio Guzmán Peralta; la Alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el Administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar; el director de la CAASD, Fellito Suberví; el administrador de EdeSur, Milton Morrison y el director de la Defensa Civil, Juan Cesario Salas Rosario.
Refugiados en escuelas
Ayer el Ministerio de Educación informó que hasta las 5:00 del mediodía de ayer había 462 personas que se encuentran en condición de refugiados en 21 planteles educativos, debido a las lluvias ocasionadas por el huracán Fiona.
La Dirección de Comunicaciones señaló que, aunque la normativa del COE sobre el uso de edificaciones públicas en casos de emergencia contempla que los planteles escolares sean la última opción a usar, los directores Regionales y Distritales tienen instrucciones de ofrecer todas las facilidades a las autoridades locales y organismos de socorro ante eventualidades naturales.
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