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A pesar de que el Ministerio Público solicitó en febrero del 2021 la designación de un juez de instrucción como control de las investigaciones en contra de los exmiembros de la Cámara de Cuentas, cuyo caso fue denominado Caracol, no ha presentado medida de coerción ni acusación.
En el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, tribunal presidido por el magistrado Raymundo Mejía, no hay constancia de instancia depositada por el Ministerio Público en contra los encartados.
Lo único que conoció el tribunal en noviembre del pasado año fue un desistimiento de los abogados que dieron calidad en representación de la Cámara de Cuentas, Julio Cury, Eduardo Jorge Prats y Dany Mercado, la cual fue acogida por el juez, dejándola sin efecto.
Ayer el LISTÍN DIARIO acudió por ante la secretaría de la oficina coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, y se informó que el Ministerio Público no ha depositado instancia alguna en el caso en cuestión.
El caso primero estaba apoderado por juez de instrucción especial de la Suprema Corte, María Garabito Ramírez, quien se desapoderó el 18 de mayo pasado del expediente como control de las investigaciones, declinando a la oficina coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional.
Garabito Ramírez, declinó el expediente luego de declarar la incompetencia de ese juzgado para conocer el caso, por este haber cesado en el cargo, luego de la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas.
En el caso figuran como involucrados el expresidente del órgano fiscalizador del Estado, Hugo Álvarez Valencia, y los exmiembros Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noé Tejada Díaz, Margarita Melenciado Corporán de Rincón y Félix Álvarez Rivera.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que encabeza Wilson Camacho, y de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, llevan a cabo las investigaciones que abarcan a todos los integrantes de la Cámara de Cuentas y a funcionarios de otras áreas de esa institución fiscalizadora.
El grupo es investigado por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, entre otros delitos.
Operación.
Las autoridades realizaron la operación Caracol, que consistió en el allanamiento el 21 de febrero del 2021 a la Cámara de Cuentas.
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