El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho informó que el Ministerio Público esperará esperar la decisión íntegra del caso Yuniol Ramñirez y los casos de corrupción en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) para tomar una decisión si apelar o no la sentencia.
La madrugada del viernes, el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que condenó a 20 años de prisión a Argenis Contreras González por el asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez Ferreras y que emitió sentencia absolutoria a favor de Manuel Rivas, exdirector de la OMSA, procesado por corrupción administrativa.
“Con relación a ese caso, nosotros vamos a esperar la decisión íntegra para decidir en consecuencia. No obstante, lo que vimos ayer es una muestra de que en República Dominicana, cuando se trata de temas de corrupción, hay que sobreprobar”, dijo a periodistas.
Expresó que por esa razón es que el Ministerio Público deposita tantas pruebas en los expedientes que presenta, “porque esa excusa no va a poder ser utilizada en nuestros procesos”.
“En los casos de corrupción en República Dominicana se ha establecido un estándar que es irracional y metafísico; incluso, se ha establecido ese estándar con el interés de mantener abiertas las puertas de la impunidad, pero ese es un tema que tiene que parar”, advirtió el titular de la Pepca.
Además de Rivas las magistradas Claribel Nivar Arias, Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo emitieron sentencia absolutoria a favor de Heidy Carolina Peña, esposa de Argenis Contreras; Jorge Luis Abreu Fabián, alias el taxista; Lilian Francisca Suárez Jáquez; Víctor Ravelo Campos, alias El Herrero y José Antonio Mercado Blanco, conocido como El Grande.
De igual forma, Faustino Rosario, exdirector financiero de esta institución fue sentenciado a un año de prisión e inhabilitado para cumplir alguna función pública por cinco años., así como de otros involucrados en esos hechos.
El Ministerio Público había pedido 30 años de prisión para Argenis; 20 para Manuel Rivas, Faustino Rosario, Víctor Ravelo Campos y José Antonio Mercado Blanco; 5 años para Jorge Luis Abreu, Heidy Carolina Peña y Lilian Francisca Suárez Jáquez.
El asesinato, cometido en octubre de 2017, está vinculado con los actos de corrupción administrativa ocurridos en la entidad gubernamental de transporte que era dirigida por Rivas desde agosto de 2012.
Ramírez Ferreras, quien presidía la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), fue hallado muerto con un block de concreto atado a su cuello mediante una cadena, en un arroyo de Hato Nuevo, en Santo Domingo Oeste.
En la lectura del dispositivo las magistradas aseguraron que la lógica y los elementos de prueba le aseguran que a Yuniol Ramírez lo asesinaron en Hato Nuevo. Además indicaron que Argenis Contreras le proporcionaba documentos de la OMSA para que se usaran en extorción contra la administración de esa entidad.
Luego del hecho, Argenis Contreras huyó hacia Estados Unidos, en donde fue capturado y tres años después entregado al país tras los esfuerzos de la actual gestión del Ministerio Público.
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