La exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez fue arrestada el jueves por cargos de recibir sobornos relacionados con la financiación de su campaña en 2020, el más reciente escándalo en una isla con un largo historial de corrupción.
Vázquez está acusada de participar de un plan de sobornos entre diciembre de 2019 y junio de 2020, periodo en el que era gobernadora, en el que están implicados un banquero venezolano-italiano, un exagente del FBI, la presidenta de un banco y un consultor político.
“Soy inocente. Yo no he cometido ningún delito”, les dijo Vázquez a reporteros. “Yo les aseguro que han cometido una gran injusticia conmigo”.
El arresto causó vergüenza y molestia entre muchos en Puerto Rico que piensan que la imagen ya precaria de la isla ha sido mancillada todavía más, dejando a un gran número de personas preguntándose si las autoridades federales son su única esperanza para eliminar la corrupción gubernamental.
Inquietudes sobre casos previos de corrupción ocasionaron demoras en la ayuda federal a Puerto Rico tras el impacto del huracán María, y el gobierno federal estableció más salvaguardas.
El arresto del jueves es además un golpe al partido de Vázquez, el Nuevo Progresista, el cual busca realizar un referendo el próximo año acerca de convertirse en el 51er estado de Estados Unidos.
Vázquez, de 62 años, fue la segunda mujer en ocupar el cargo de gobernadora de la isla y es el primer exgobernante en enfrentar cargos federales. El exgobernador Aníbal Acevedo Vilá fue acusado mientras estaba en el cargo de violar las leyes de financiación de campaña y declarado inocente en 2009. Fue el primer gobernador en la historia reciente de Puerto Rico en ser acusado de un delito.
“Por segunda ocasión en nuestra historia se usa el poder político y de los cargos públicos para financiar una campaña electoral”, dijo José Luis Dalmau, presidente del partido de Acevedo. “Usar el poder del gobierno para adelantar agendas políticas es inaceptable y una afrenta a la democracia en Puerto Rico”.
El consultor de Vázquez, identificado como John Blakeman, y la presidenta del banco, identificada como Frances Díaz, se han declarado culpables de participar en el plan de sobornos, según el Departamento de Justicia federal.
A principios de 2019, el banco propiedad de Julio Martín Herrera Velutini era investigado por el Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico debido a que las autoridades consideraron sospechosas algunas transacciones que no fueron reportadas por el banco.
Las autoridades dijeron que Herrera y Mark Rossini, exagente del FBI que brindaba servicios de consultoría a Herrera, supuestamente prometieron apoyo financiero a la campaña de Vázquez en 2020 a cambio de que ella despidiera al comisionado y nombrara a otro elegido por el banquero.
Según las autoridades, Vázquez aceptó la oferta de soborno y en febrero de 2020 exigió la renuncia del comisionado. Entonces, de acuerdo con la acusación, designó a un exconsultor del banco de Herrera como nuevo comisionado en mayo de 2020. Después de esa medida, Herrera y Rossini pagaron más de 300.000 dólares a varios consultores políticos para apoyar la campaña de Vázquez.
Una serie de mensajes que intercambiaron en ese momento las personas involucradas en el caso incluían un emoji de corazón adjunto a la carta de renuncia del comisionado y tres emojis de labios cerrados después de que alguien le dio el nombre de Rossini a Vázquez, quien solicitó el nombre del agente del FBI. Además, Herrera le escribió a Rossini sobre la necesidad de tener un jefe de campaña y dijo que no quería “un mono de Puerto Rico”.
Cuando el actual gobernador Pedro Pierluisi derrotó a Vázquez en la elección primaria, las autoridades señalaron que Herrera presuntamente trató de sobornarlo para que concluyera una auditoría de su banco en términos favorables. Herrera está acusado de utilizar intermediarios entre abril y agosto de 2021 para ofrecer un soborno al representante de Pierluisi, que en realidad actuaba bajo órdenes del FBI, según el acta de acusación.
Funcionarios dijeron que Herrera ordenó entonces que se pagaran 25.000 dólares a un comité de acción política para tratar de sobornar a Pierluisi.
Stephen Muldrow, fiscal federal para Puerto Rico, dijo que Pierluisi no está implicado en el caso.
Vázquez, Herrera y Rossini están acusados de asociación ilícita, sobornos y fraude. De ser declarados culpables de todas las acusaciones podrían ser sentenciados a hasta 20 años de prisión.
Díaz y Blakeman enfrentan hasta cinco años de prisión, según las autoridades.
Muldrow dijo que las autoridades creen que Herrera se encuentra en el Reino Unido y Rossini en España. No estaba claro si Estados Unidos pediría su extradición.
Rossini renunció al FBI en noviembre de 2008 como parte de un acuerdo en el que se declaró culpable de acceso ilícito a una base de datos de esa agencia policial con fines personales. Muchas de las búsquedas estaban relacionadas con Anthony Pellicano, un tristemente célebre detective privado de celebridades que en 2006 fue acusado de grabar de forma ilegal a ciertas celebridades y de sobornar a un agente de policía.
Los abogados de los otros implicados en el caso no pudieron ser contactados para conocer sus comentarios.
A mediados de mayo, el abogado de Vázquez dijo a la prensa que él y su clienta se preparaban para responder a posibles cargos y en su momento ella negó cualquier irregularidad.
Vázquez asumió la gobernación en agosto de 2019 por fallo de la Corte Suprema local después que el entonces gobernador Ricardo Rosselló renunció en medio de protestas masivas. Ejerció el cargo hasta 2021, cuando perdió en las primarias del Partido Nuevo Progresista ante Pierluisi.
Pierluisi afirmó en un comunicado que su gobierno colaborará con las autoridades federales en la lucha contra la corrupción.
“Hoy vemos una vez más que nadie está por encima de la ley en Puerto Rico”, dijo. “Ante esta noticia que ciertamente afecta y lacera la confianza de nuestro pueblo, reitero que en mi administración seguiremos teniendo un frente común con las autoridades federales contra todo el que cometa un acto indebido, venga de donde venga e implique a quien sea”.
Vázquez había sido secretaria de Justicia del territorio y fiscal de distrito durante más de 30 años.
La Corte Suprema del territorio sentenció en 2019 que la juramentación del entonces secretario de Estado, Pierluisi, como gobernador era inconstitucional. En ese momento, Vázquez dijo a la AP que no le interesaba competir en las elecciones y que se limitaría a ejercer el cargo durante los dos años que le restaban a Rosselló.
Rosselló había renunciado luego de que decenas de miles de puertorriqueños salieron a las calles, furiosos por la corrupción, malversación de fondos públicos y un chat lleno de obscenidades donde él y otros 11 funcionarios públicos se mofaban de las mujeres, los gays y las víctimas del huracán María.
Poco después de prestar juramento, Vázquez dijo a la AP que sus prioridades eran combatir la corrupción, obtener fondos federales para la recuperación tras el paso del huracán y sacar a Puerto Rico de la crisis económica.
Durante la entrevista con la AP dijo que siempre había querido trabajar en la función pública: de niña, salía al balcón y celebraba juicios imaginarios en los que los acusados invariablemente resultaban culpables.
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