El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago, Domingo Liz, impuso tres meses de prisión preventiva contra Sarah Rodríguez, acusada de ser la cabecilla de una red que estafó a más de 50 personas con un “falso” modelo de inversión a través del mercado de las criptomonedas.
El legista declaró el caso como complejo y dispuso que Rodríguez cumplirá los tres meses de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey-Mujeres.
Opinión de los querellantes
Joselino Padilla, uno de los querellantes contra Sarah Rodríguez, indicó hoy a las afueras del Palacio de Justicia de Santiago que desde hace 14 meses no ha recibido ni un “solo centavo” de los supuestos beneficios económicos por invertir a Black Box Investment E.I.R.L para el mercado de las criptomonedas.
“Hasta el sol de hoy todo ha sido promesa. Yo entré en el año 2021 y a penas me hicieron el depósito de dos meses”, explicó Padilla quien había invertido RD$1 millón de pesos en el negocio.
En ese orden, José Ignacio, otro de los presuntos estafados, manifestó que en una comunicación sostenida con Milton Núñez, representante legal de Rodríguez, este le había asegurado que sí estaba pagando esos beneficios e incluso le mostró algunos recibos, sin embargo, José decidió contactarse con esas personas y resultó que era “mentira”.
“Conocí personal a los que supuestamente les habían pagado y era totalmente falso. Ese abogado de Sarah también es su cómplice”, opinó uno de los querellantes.
Tras presentarse esta situación, Padilla dijo que iniciaron el contacto con Sarah pero esta no contestaba y, cuando lo hizo, expresó que su abogado es que estaría a cargo del caso.
“Milton dijo que él era responsable y que nos iba a pagar lo que nos correspondía. Mencionó que si queríamos demandar a Sarah que lo hiciéramos ya que ni a él mismo le contestaba el teléfono. Ambos nos mintieron porque ve cómo hoy en día es su abogado”, sostuvo Ignacio.
Finalmente, Eduardo Rodríguez, quien también fue “estafado” con RD$1 millón de pesos enfatizó que no quieren hablar nada con el legista y que todo lo resolverán “en la corte”.
El caso
Según el Ministerio Público, la imputada presentó un negocio ficticio a través de la entidad Black Box Investment E.I.R.L. y que, para alegar el éxito de la inversión, “mostraba una aparente solvencia económica, por la opulenta vida que exhibía, con compras de vehículos, patrocinio de eventos y supuestos negocios alternos”.
Además, utilizaba documentos falsos para mostrar supuestas transacciones e inversiones.
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