Con el caso de David de los Santos, fallecido tras recibir varias heridas bajo custodia de la Policía Nacional, se sumó otra instancia en que agentes del orden se han visto acusados de quebrantar la Ley.
David, un joven licenciado en Educación Física, fue apresado en una plaza comercial del Distrito Nacional tras un altercado verbal por el que fue trasladado al destacamento policial del Ensanche Naco, donde recibió las lesiones que posteriormente le costaron la vida.
Este incidente conmocionó a la sociedad dominicana, puesto que en otras provincias del país ocurrieron fallecimientos bajo circunstancias parecidas: el de José Gregorio Custodio, en San José de Ocoa, y Richard Báez, en Santiago.
Pero, a diferencia de estos dos, para la muerte de David sí hay acusados, un grupo de siete personas que figuran en la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, siendo cuatro de estos miembros de la uniformada.
Se trata del capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, el raso San Manuel González García y/o Raso Sari Manuel González García y el cabo Alfonso Decena Hernández, a quienes los fiscales señalan como coautores del hecho, estimando que los agentes “participaron de manera activa para aportar las condiciones” en las que David recibió los golpes que le ocasionaron la muerte.
Según el referido documento de los Santos fue recibido en la dotación policial de Naco por Rodríguez Rodríguez y González García, siendo estos también los que llevaron al hoy occiso a una celda, donde lo dejaron esposado “en violación de sus derechos fundamentales”.
Además, las autoridades aseguraron que los cuatro policías les mintieron a los familiares de David, al decirles que este fue trasladado al Hospital Dr. Francisco Moscoso Puello por un golpe que se dio él mismo con un escritorio y porque le subió la presión arterial.
“(Los policías imputados) siempre tuvieron el control de la situación, conocimiento, pero sobre todo que participaron de manera activa para aportar las condiciones activas a la materialización del tipo penal imputado, por lo que se configura la coautoría de la acción”, leía parte del documento.
Leslie Rosado
A principios de octubre de 2021, luego de terminar de celebrar el cumpleaños de su padre en un establecimiento de Boca Chica, Leslie Rosado emprendió su marcha hacia su residencia en el Distrito Nacional, pero en el camino fue ultimada por un disparo del cabo Janli Batista Disla.
De acuerdo con testigos, el roce mortal inició cuando Rosado, que estaba embarazada y manejaba su vehículo acompañada de su hija mayor, impactó la motocicleta de Batista Disla, que también se trasladaba con su familia.
Acto seguido, abordó a un “motoconcho”, identificado Rafael Castillo Nova, quien aseguró el cabo de la Policía Nacional lo amenazó con un arma de fuego para que persiguiera a Leslie, quien no detuvo su marcha tras el mencionado accidente vehicular.
Posteriormente, al alcanzar a Rosado, Batista Disla realizó dos disparos, con uno de estos impactando la cabeza de mujer de 36 años.
Por esto el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Leomar Quezada, le impuso un año de prisión preventiva como medida de coerción contra el cabo, así como a Castillo Nova, a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Pedro de Macorís.
Evangélicos
La noche del 30 de marzo de 2021 una joven pareja, Elisa Muñoz Marte y Joel Díaz Ferrer, fue acribillada a tiros por miembros de la Policía Nacional, luego de que finalizaron de predicar en una actividad evangélica en Villa Altagracia.
El incidente ocurrió cuando el matrimonio se desplazaba a bordo de un automóvil marca Kia, modelo K5, color blanco. Este fue interceptado por una patrulla de la Policía Nacional, que procedió a disparar en múltiples ocasiones en contra del vehículo sin mediar palabras, de acuerdo con la Fiscalía de Villa Altagracia.
“Por lo que al momento de ellos notar la presencia del carro Kia blanco, a bordo del cual se encontraban las víctimas, los agentes policiales inmediatamente sorprendieron a las víctimas con una ráfaga de disparos de diferentes calibres y en diferentes direcciones, sin permitirles que se detuvieran y mucho menos hacer contacto visual con los ocupantes del vehículo”, leía parte del reporte del hecho.
Por la muerte de Muñoz Marte y Díaz Ferrer cumple un año de prisión preventiva el coronel policial César Maríñez Lora, superior jerárquico de la patrulla que protagonizó el hecho, Victorino Reyes Navarro, Domingo Perdomo Reyes, Norquis Rodríguez Jiménez, Ángel De Los Santos, Anthony Castro Pérez, Juan Samuel Ogando Solís, Emil Alexander Rincón Martes y Guillermo Rosario Melo.
Caso Coral
En abril del año 2021 el Ministerio Público reveló al país la denominada “Operación Coral”, en la que arrestaron a varias personas, acusándolas de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.
Entre los encartados se encontraban varios integrantes de la Policía Nacional, como el teniente coronel Rafael Núñez de Aza y el cabo Tanner Flete.
De todos los imputados, Núñez de Aza fue calificado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) como “uno de los cerebros financieros principales”, afirmando que cometió varios crímenes.
Asimismo, la entidad de persecución informó que Núñez de Aza, que se desempeñaba como gerente financiero del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), utilizó agentes subalternos para depositar pagos a las cuentas de las compañías del presunto entramado, supuestamente liderado por el exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Adán Benoni Cáceres Silvestre.
Además de estos tres, cumplen prisión preventiva de un año por el caso Coral la pastora y madre de Flete, Rossy Maybelline Guzmán Sánchez y Alejandro José Montero Cruz.
Mientras que el mayor Raúl Girón Jiménez guarda prisión domiciliaria tras colaborar con el Ministerio Público.
Depuración y reforma
Tras la muerte de Leslie, el ministro de Interior y Policía, Jesús “Chu” Vásquez, afirmó que se debe realizar una depuración de unos 39,000 agentes para identificar los no están realizando sus funciones de manera adecuada.
Igualmente, luego del fallecimiento de David, el Gobierno adelantó catorce medidas contempladas en el plan de reforma policial, una de las promesas del presidente Luis Abinader, que hasta el momento no se habían aplicado, a fin de “garantizar la integridad física y derechos humanos de los arrestados por la Policía Nacional”.
Las medidas anunciadas fueron son la ejecución inmediata de instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911; la instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas; la implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva.
La creación de un centro nacional de control de tránsito y revisión y mejora de la inspectoría de tráfico; la instalación de cámaras en todos los destacamentos, dada a conocer durante la tarde del miércoles por la Policía Nacional.
La instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía y colocar bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional.
Además, la mejora de los sistemas y procesos de la Inspectoría General, dotándola de mayores capacidades de control e instrucción de casos; acelerar la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por los altos cargos de la PN; la implementación de guías obligatorias de actuación, basada en la responsabilidad descentralizada.
La implantación de medidas urgentes de formación complementaria a todos los agentes en tres áreas, como "gestión de crisis, derechos humanos y actuación policial y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad.
También está ratificar, previo acuerdo parlamentario, e implementar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional; y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en la materia.
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