El Gobierno anunció ayer que “adelantará” la implementación de varias medidas contempladas en el plan de reforma policial, para garantizar integridad física y derechos humanos de arrestados por la Policía.
El comisionado para la Reforma Policial, José Vila del Castillo, junto al ministro de Interior, Jesús Vásquez, dio a conocer ayer en el Palacio Nacional las 14 medidas que a su juicio servirán para que los casos como el ocurrido a David de los Santos, muerto a golpes mientras se encontraba bajo custodia del cuerpo del orden, no se repitan. Las medidas adelantadas son la ejecución inmediata de instalación de cámaras en todas las patrullas y la creación de un centro operativo policial en tiempo real, contando con el apoyo de las cámaras fijas del 911; la instalación de cámaras móviles incorporadas a las patrullas; la implantación del Sistema Policial de Consulta Criminológica en los teléfonos de las patrullas para la depuración no intrusiva y respetuosa de los ciudadanos que sean requeridos por la autoridad en cualquier circunstancia; la creación de un centro nacional de control de tránsito y revisión y mejora de la inspectoría de tráfico; la instalación de cámaras en todos los destacamentos, dada a conocer durante la tarde del miércoles por la Policía Nacional; la instalación de un centro de control y monitoreo de los destacamentos en el Ministerio de Interior y Policía y colocar bajo la supervisión directa del Ministerio de Interior y Policía el departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, con el fin de garantizar la investigación pronta y rigurosa de los casos que se den.
Además de la mejora de los sistemas y procesos de la Inspectoría General, dotándola de mayores capacidades de control e instrucción de casos; acelerar la realización de pruebas de integridad de todos los agentes, comenzando por los altos cargos de la PN; la implementación de guías obligatorias de actuación, basada en la responsabilidad descentralizada; la implantación de medidas urgentes de formación complementaria a todos los agentes en tres áreas, como “gestión de crisis, derechos humanos y actuación policial y uso de la fuerza y del ejercicio de la autoridad.
También está ratificar, previo acuerdo parlamentario, e implementar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, que dará acceso a los ciudadanos a la justicia internacional; y obligará al Estado a cumplir con los estándares internacionales en la materia.
“Para ello, en los próximos días, solicitaremos el apoyo de la Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas, e iniciaremos con él los trabajos; coordinar con el Ministerio de Salud un programa especial para evaluar las condiciones de salud de los apresados temporales”, expresó el comisionado. Por igual se reorganizará el departamento de comunicaciones de la PN, en coordinación con el gabinete de Presidencia correspondiente, e implementar nuevos lineamientos de comunicación que impidan versiones erradas y deformaciones informativas.
CASOS
El contexto
Las medidas anunciadas por el gobierno de Luis Abinader ayer se hacen con el telón de fondo de la muerte de tres jóvenes luego de ser detenidos sin orden judicial y torturados en la Policía.
Los muertos en PN
Los fallecidos mientras estaban bajo custodia policial son David de los Santos, en el Distrito Nacional; José Gregorio Custodio, en Ocoa y Richard Báez, en Santiago.
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