A pesar de que la Ley 63-17, que crea el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), en su artículo 43, establece que las rutas del transporte público de pasajeros son propiedad del Estado, en los contratos de sociedad para la operación de los corredores Núñez de Cáceres, Winston Churchill y Charles de Gaulle, no se incluye al Estado en las ganancias por las operaciones.
De igual forma, las resoluciones creadas por el Intrant que contienen los parámetros de licencia de operación, no establecen ningún tipo de retribución para el Gobierno dominicano.
Estos corredores se establecieron a través de contratos de sociedad, realizados entre Antonio Marte y Alfredo Pulinario, como dueños del Consorcio Nacional de Transporte (Conatra) y Grupo de Empresas de Transporte Mochotran, respectivamente, con las asociaciones que brindaban servicios en las diferentes calles donde fueron instaurados los nuevos autobuses. Además de las resoluciones de operación de las rutas creadas por el Intrant en 2019.
“La licencia de operación no constituye derecho de propiedad ni derecho exclusivo del corredor”, dice la resolución 002-2019, en su artículo 2, sin embargo, el contrato de sociedad del corredor Núñez de Cáceres, puesto en marcha el 27 de enero de 2021, en el párrafo quinto indica que los beneficios o utilidades provenientes de la operatividad del servicio de transporte público de pasajeros será divido “setenta y cinco por ciento (75 %) de las ganancias netas irán directamente a la Compañía de Transporte Cochonuca, SRL de los cuales dispondrán libre y voluntariamente”.
El restante 25% irá al Consorcio Nacional de Transporte, Conatra, “fruto de las diligencias derivadas del presente contrato, por concepto de intermediación y afines del sostenimiento de la entidad, los cuales podrán disponer libremente en la forma que determinen sus representantes”.
Asimismo, en el contrato de sociedad para la operación del corredor Winston Churchill, inaugurado por el presidente Luis Abinader en febrero de este año, indica que el 70% de las ganancias netas irán directamente a la compañía de transporte Jardines del Norte Winston Churchill-Feria, (Contrajarwif) S.R.L; Sociedad de Transporte de Arroyo Hondo R-37 y el Grupo de Empresas de Transporte Mochotran, divididas en partes iguales. “De los cuales podrán disponer libremente en la forma que determinen sus representantes”.
El 30 por ciento restante de las ganancias netas irá al Grupo de Empresas de Transporte Mochotran, “de los cuales podrán disponer libremente en la forma que determinen sus representantes”.
Lo mismo se repite con el contrato de sociedad para la operación del corredor Charles de Gaulle, donde la Compañía de Transporte y Servicios Múltiples de la Charles de Gaulle (Comtrascharles) SRL; Pachi Transporte & Tours, SRL; Transporte Reynoso Calderon, SRL; Compañía de Transporte Guaricano, (Comtragu SRL); Transporte Acuerdo de la Charles (Tracudecha SRL); Transporte & Servicios Transepevime SRL; recibirán en partes iguales el 70 % de las ganancias netas y el 30 % irá al grupo de empresas de transporte Mochotran, “de los cuales podrán disponer libremente en la forma que determinen sus representantes”.
Al referirse al tema en varias entrevistas, Hugo Beras director ejecutivo del Gabinete de Transporte del Gobierno, indicó que el único papel que juega el Estado dominicano en la puesta en marcha de los corredores es el acompañamiento, “seguimiento, una asesoría, una apoyo en el tema de esa transformación y la conversión”.
“El tema de la privatización es que el Estado nunca ha participado en el sistema del transporte público, casi siempre por lo que se tiene costumbre aquí se van abriendo urbanizaciones y se meten gente ahí”, dijo al ser entrevistado en el programa Despierta CDN el pasado 31 de marzo.
Abundó que el tema con las nuevas rutas es transparente debido a que se ha establecido un fideicomiso para que el pago se realice a través de una tarjeta de forma electrónica. Con esta tarjeta los usuarios utilizan el Metro de Santo Domingo, OMSA y el Teleférico. Las mismas son adquiridas a través del Estado dominicano.
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