La Operación Discovery, investigación puesta en marcha en el día de ayer por el Ministerio Público (MP) que dio con el desmantelamiento de una poderosa red del cibercrimen dedicada a extorsionar a ciudadanos
norteamericanos, constituye una operación sin precedentes en lucha contra los delitos transnacionales. Así lo manifestó este jueves el fiscal titular de Santiago Osvaldo Bonilla.La estructura criminal suma hasta el momento más de 60 detenidos. Esta red fue desmantelada a través de decenas de allanamientos simultáneos en Santo Domingo, Santiago, La Vega y Puerto Plata.
“Se trata de una red dedicada a extorsionar, con el uso de las tecnologías, a través de centros que simulaban ser call center (centros de llamadas) para estafar a ciudadanos de Estados Unidos. Seguimos allanando, trabajando y levantando evidencias”, explicó el fiscal..
El representante del MP reiteró que los integrantes de la organización criminal utilizaban medios electrónicos para llevar a cabo sus operaciones. Asimismo, indicó que los allanamientos y otras diligencias de la investigación aún están en curso en distintos puntos del país.
En la investigación de la Operación Discovery participa un total de 45 fiscales,105 técnicos y 321 agentes policiales. De acuerdo al comunicado de prensa emitido por el órgano persecutor, esas cifras la conforman expertos en investigación del Ministerio Público, el Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional, la Embajada de Estados Unidos y agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI) trabajan en el caso.
Bonilla indicó que el MP posee múltiples evidencias de transacciones millonarias, vehículos de alta gama, armas de fuego y equipos electrónicos, incluyendo computadoras y celulares, pruebas que esperan sean suficientes para conseguir la imposición de medidas de coerción en contra de los implicados.
El órgano rector de la investigación presentará cargos por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, y el 405, que condena la estafa.
Además, se les imputa transgredir los artículos 2 y 4 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, y 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, mismos que castigan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
Finalmente, el comunicado del MP señaló que “todas las acciones se desarrollan bajo las instrucciones de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, y la coordinación operativa de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago”
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