La Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva a tres oficiales imputados por corrupción administrativa en el Caso Coral 5G.
La Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió mantener la prisión preventiva al general Juan Carlos Torres Robiou (FARD), al mayor José Manuel Rosario Pirón (PN) y al coronel (FARD) Yeudy Blandeamil Guzmán Alcántara.
Los jueces Pedro Sánchez Rivera, presidente; Daniel Julio Nolasco y July Tamariz decidieron mantener la medida luego de rechazar la petición de las defensas de los encartados y acatar el pedimento del Ministerio Público.
El tribunal de alzada desestimó los recursos en virtud de que no han variado las circunstancias que dieron origen a la imposición de la prisión preventiva como medida de coerción, la que calificaron de idónea y proporcional en función de la complejidad de los hechos.
También consideraron la causa probable que han arrojado evidencias razonables sobre la eventual vinculación de las personas en proceso de investigación, así como la naturaleza de las imputaciones y el posible grado de lesividad a resarcir, tratándose de acciones que conciernen al interés general y al orden público.
El equipo que representó al Ministerio Público también estuvo integrado por Nancy Guerrero, María Melenciano, Miguel Collado y Emmanuel Ramírez.
El pasado 14 de febrero el tribunal acogió la solicitud que le hizo el Ministerio Público y dispuso la fusión de los expedientes para conocerlo en la misma audiencia, la cual fue aplazada para este lunes 28 de febrero, cuyo fallo fue dado a conocer pasadas las 9:30 de la noche.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso en diciembre pasado medidas de coerción a 13 vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa del caso Coral 5G y declaró el proceso de tramitación compleja.
La prisión preventiva por 18 meses les fue impuesta a los generales Boanerges Reyes Batista (ARD) y a Juan Carlos Torres Robiou (FARD), mientras que en otra audiencia recibió la misma medida el general Julio Camilo De los Santos Viola (FARD).
Por su vinculación al caso también cumple prisión preventiva el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores (ARD).
En tanto que arresto domiciliario al coronel Miguel Ventura Pichardo (FARD), Esmeralda Ortega Polanco, César Félix Ramos Ovalle, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, y al teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez.
Al coronel Carlos Augusto Lantigua Cruz y al teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD) le fue impuesta presentación periódica e impedimento de salida del país.
El tribunal ordenó que la prisión preventiva sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
En el transcurso de las investigaciones contra los integrantes del entramado de corrupción el Ministerio Público ha logrado obtener diferentes documentos de bancos, títulos de propiedad, bienes inmuebles que han sido decomisados y otros elementos probatorios.
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público en el transcurso de las pesquisas.
El Ministerio Público ha aportado casi 100 testigos y ha presentado más de 15 mil páginas de evidencias irrefutables contra los involucrados en el caso.
A los oficiales de cuerpos castrenses se les ha ocupado durante las investigaciones unas 125 propiedades.
Camacho
“Nosotros construimos procesos con rigor científico; nosotros construimos procesos con los más altos estándares de calidad, y esos procesos son capaces de soportar cualquier embate de cualquiera de las defensas”, afirmó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) Wilson Camacho luego de la medida.
Sostuvo que en esta apelación la defensa de los imputados no presentó al tribunal ninguna razón para variar la prisión preventiva. “No se le presentó ningún motivo que fuera suficiente como para que el tribunal anulara la decisión que conoció esta medida de coerción”.
Enfatizó en que “fue una decisión, incluso, bastante amplia en la que la juzgadora detalló las razones individuales por la que se impusieron las medidas de coerción; una decisión correcta y en consecuencia en esa dirección decidió la corte y es una decisión que a nuestro juicio es apegada a derecho”.
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