En 1998, durante la primera reunión periódica sobre el derecho internacional humanitario del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), celebrada en Ginebra, se presentaron los estudios de las problemáticas sobre el mantenimiento de la seguridad internacional y prevención de la desintegración de los Estados a causa de la violencia.
La CIRC centró sus análisis en los genocidios acontecidos en Somalia (1987-1989), conocido como el “Holocausto de Hargeisa o Isaaq”, donde fallecieron unas 100 mil personas; Ruanda (1994), en el cual asesinaron prácticamente un millón de personas, el 70% de ellas de orígenes de la etnia Tutsis; y el de los Balcanes (1995), en Bosnia-Herzegovina, que consistió en una limpieza étnica en contra de los bosnios musulmanes, en el que asesinaron unas 8 mil personas.
A partir de estos acontecimientos, la desestructuración del Estado comenzó a considerarse como un peligro para la paz y seguridad internacional, aunque se sabe que la misma tiene raíces más profundas que una simple rebelión o golpe de Estado, implicando una situación en la que se ha producido una implosión de la estructura del gobierno, de su autoridad y del orden político. El Estado no desaparece físicamente, pero llega a perder su capacidad de desempeñar sus funciones normales administrativas, perdiendo su capacidad del sostenimiento del orden, control y poder, que pasan a ser dominio de las bandas, grupos o pandillas armadas.
El derecho internacional describe al Estado como una colectividad que tiene tres elementos constitutivos: territorio, población y gobierno, que resulta difícil vincular a la República de Haití de hoy con estos elementos, y menos después de que ocurriesen una serie de eventos políticos, económicos y sociales, incluyendo el ensañamiento de la propia naturaleza contra ellos. El magnicidio empujó a este país a una acelerada vorágine que lo transfiguró en un Estado fallido, fracasado o desestructurado.
La CICR describe siete tipologías propias de la desestructuración de un Estado, las que cito a continuación:
1. Desintegración de los órganos del gobierno central, que no son capaces de ejercer sus derechos y obligaciones sobre su territorio y su población.
2. Presencia de numerosas facciones o grupos armados.
3. Control fragmentado del territorio estatal.
4. Desintegración del orden jerárquico en las diferentes facciones y en sus milicias.
5. Las partes en conflicto eluden su responsabilidad en relación con una reglamentación del uso de la violencia, lo que conlleva, a menudo, violaciones repetidas y graves del derecho internacional humanitario.
6. El régimen económico de cada facción es, en su mayor parte, autárquico y, por lo tanto, implica utilización de bandidaje y criminalización.
7. Posibilidad, para los grupos criminales de aprovecharse del caos para sus propios fines.
Como podemos observar, Haití cumple con todas las características planteadas por ese organismo internacional, que se produce cuando el Estado pierde su tercer elemento constitutivo –gobierno– que no garantiza un control efectivo sobre su población, territorio y de otros factores que inciden en su desenvolvimiento cotidiano.
Hoy estamos ante la presencia del desmoronamiento del Estado haitiano, el cual se resquebraja ante la mirada indolente de una comunidad internacional que se limita a emitir comunicados retóricos y darle la espalda, mientras la República Dominicana y su presidente hacen lo imposible como vecino solidario, y alerta clamando ayuda urgente para ir en auxilio de este convulso país, ante un inminente estallido que amenaza la estabilidad regional, y por razones obvias, nuestro país. Situación que se agrava cada vez más con el pasar de los días.
La crisis haitiana llegó a su ápice más alto tras el secuestro de 16 ciudadanos norteamericanos y uno canadiense, además, estos grupos pandilleros han causado un desabastecimiento de combustible, provocando pánico en la población haitiana con robos, violaciones, asesinatos y secuestros indiscriminados. Un caos total, donde sus autoridades no ejercen ni tienen control.
El pasado 31 de octubre, el papa Francisco, durante sus llamamientos en su homilía del ángelus dominical en la plaza de San Pedro, pidió a la comunidad internacional “no abandonar a Haití”, pues es una población que se encuentra en condiciones al límite.
Como anteriormente lo había señalado el presidente Luis Abinader, durante su participación en la 76 Asamblea General de la ONU, y más reciente en ciudad Panamá, junto a su presidente, Laurentino Cortizo y Carlos Alvarado, de Costa Rica, quienes bajo el marco de la “Alianza para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática” plantearon políticas que permitirán revisar temas de interés común en el ámbito regional y proponer con celeridad soluciones concretas, integrales y sostenibles para afrontar la crisis que atraviesa Haití y el creciente flujo de migrantes irregulares, pidiéndole a Estados Unidos una “participación más efectiva” en la concreción de soluciones a la crisis de Haití.
Sin dudas, que debido a la imperante realidad del “acentuado deterioro de la gobernabilidad y desestructuración” de Haití, el presidente Abinader canceló su viaje a la Conferencia ONU sobre el Cambio Climático (COP26), en Reino Unido.
El pasado 1° de noviembre, el jefe del Estado dominicano divulgó por su cuenta de twitter, quizás motivado por el pronunciamiento del papa Francisco, etiquetando: “La comunidad internacional, en particular EE.UU., Canadá, Francia y la Unión Europea, deben actuar en Haití y con urgencia. RD continuará el plan anunciado con medidas migratorias más estrictas. @POTUS @EmmanuelMacron @JustinTrudeau.”
Minutos después, el canciller haitiano, Claude Joshep, respondió vía twitter: La República Dominicana vive “un aumento de la delincuencia”, tal y como lo señala el Departamento de Estado de Estados Unidos en sus alertas de viaje. Tras la advertencia del 25/10/21 del @StateDept contra el aumento de la criminalidad en tierras vecinas, aliento al Gobierno dominicano y al de Haití a trabajar juntos para frenar el problema de la inseguridad en la isla. La irreverente y grosera respuesta del canciller haitiano es otra provocación de pretender halar al país por los cabellos hacia su explosiva crisis interna. En tal sentido, el presidente Luis Abinader, desde que asumió el gobierno ha actuado con firmeza y coherencia en torno al convulso escenario de Haití, tomando las medidas necesarias y precautorias ante lo que pueda acontecer en ese territorio. Ante el peor de los escenarios posibles, el presidente dispuso el reforzamiento de la frontera con unos 12 mil soldados, medios y equipos, como medidas preventivas y disuasorias, además de otras disposiciones restrictivas de carácter migratorio anunciadas tres meses. También convocó y reunió al liderazgo político, social, económico y religioso nacional, con el propósito de explicarles las medidas adoptadas, y poder analizar las que más adelante se tomarán, para juntos tomar la mejor decisión para proteger la soberanía y seguridad del país, dejando bien claro, que la “seguridad nacional está por encima del comercio”.
El delicado y crítico panorama haitiano es una realidad que hoy, obligatoriamente impone a los dominicanos cerrar filas –hombro con hombro– junto al gobierno y el presidente Luis Abinader Corona, apoyando las políticas y estrategias para enfrentar el más grave de los peligros que tenemos desde 1844. La República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración debidas con el pueblo haitiano, pero “NO HAY, NI HABRÁ JAMÁS UNA SOLUCIÓN DOMINICANA A LA CRISIS DE HAITÍ”.
Es momento de clamar la unidad nacional frente a la posible implosión en cualquier momento del vecino país, trayendo a colación una reflexión del general Miguel Soto Jiménez, con la cual estoy totalmente de acuerdo, cito: “Haití, no representa una amenaza militar para la República Dominicana, pero pensar que no es un peligro para la nación, sería un error muy caro que podríamos pagar”.
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