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Con la emisión del decreto 656-21 que nombra al general Eduardo Alberto Then ante la dirección de la Policía Nacional, llega el fin de una ola de reclamos que exigía la destitución del mayor general Edward Sánchez González, pedido que fue cobrando cada vez más fuerza gracias a los hechos en los que estaban involucrados los uniformados de gris o en los que por el contrario, hacía falta su presencia.
“Queremos ser mejores policías y vamos a ser mejores policías”, eran las optimistas palabras de Sánchez González en torno al futuro de la institución a su salida de una misa celebrada en marzo de este año por motivo del aniversario número 85 de la fundación del cuerpo del orden.
Sin embargo, fue justo en ese mes cuando Elizabeth Muñoz y Joel Díaz, la pareja de pastores que feneció en Villa Altagracia, fueron alcanzados por los proyectiles que les cegaron la vida e inmediatamente salió a la luz pública que eran miembros de la Policía Nacional (PN) los que estaban del otro lado del gatillo.
Desde entonces, los cuestionamientos sobre la autoridad y efectividad de Sánchez González en su posición de titular de todos los que tienen en sus manos la seguridad del pueblo dominicano, desembocaban en sugerencias o exigencias que invitaban al ahora exjefe de la PN a abandonar el cargo.
Con una población aún sentida y víctima de la inseguridad que recorre las calles a pies o en motores, en parejas o hasta en bandas, en la primera semana de septiembre el mayor general volvió a referirse a temas relacionados con la eficiencia de los uniformados, asegurando que los delitos de ratería habían bajado un 24% en todo el país.
Antes de cumplirse un mes de estas declaraciones, que fueron cuestionadas por la sociedad en su momento, otro crimen volvió a inundar las conversaciones de consternación e indignación producidas en los trabajos, las redes y las casas, se trataba del presunto asesinato de la arquitecta Leslie Rosado por el que se encuentra privado de libertad el cabo Janli Disla, acusado de apretar el gatillo.
Rosado, que se trasladaba acompañada de su hija mayor, fue ultimada en Boca Chica luego de participar en el cumpleaños de su padre.
Otro caso en el que una bala proveniente de un arma policial fue la responsable de la muerte de un civil, ocurrió en Azua, en el que el joven Robinson Ramón Méndez Mancebo, resultó muerto tras un incidente con una patrulla.
A estos tres hechos recientes y cuya dimensión alcanzó diversos sectores y grupos, se suman los asaltos a cualquier hora del día que solo quedan registrados en cámaras y la memoria de comunidades enteras, que temen salir hasta al frente de sus casas con el miedo a perder sus pertenencias.
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