"Hay que saludar la disposición del Gobierno de titular a nombre del Estado, las propiedades que aún no lo están; sin embargo, el Palacio Nacional fue originalmente construido por arquitecto italiano Guido D Alessandro en solar 18, Manzana 192 DC 1, Distrito Nacional, amparada mediante el Certificado de Títulos No 1516 emitido el 24 de diciembre del 1937, basta con buscar en la bóveda de Bienes Nacionales o solicitarlo al Registro de Títulos", dijo el doctor Ángel Lockward, luego de las declaraciones del Ministro Administrativo Paliza sobre los terrenos de la casa de Gobierno.
La Mansión, sede del Gobierno dominicano inició su construcción en 27 de febrero del 1944, con planos elaborados en 1939 y, en un hito que combina belleza, rapidez y elegancia, se terminó tres años más tarde siendo inaugurada el 16 de agosto del 1947 a un costo sus 18,00 metros de construcción de USD$ 5.0 millones.
El ministro Paliza dijo el viernes que la mitad de la estructura del Palacio Nacional está construida sobre terrenos sin títulos y que nunca fueron registrados o saneados.
"Trujillo, dictador y criminal, era un modelo de orden y formalismo, es impensable que construyera el Palacio en terrenos ajenos, lo que ha sucedido después es que hay áreas adicionales, pequeñas, hacia Este en que se levantaron edificaciones adicionales", expresó.
Y agregó: "No obstante hay que saludar la disposición del Gobierno de Abinader para titular – y añado – recuperar, propiedades de la familia Trujillo, confiscadas por el Dr. Joaquín Balaguer mediante el Decreto-Ley 5785 del 4 de enero del 1962, que confiscó las propiedades de cuya corte fue, leal cortesano, bajo el argumento de que: La cuantiosa fortuna acumulada por Trujillo, así como por sus familiares, fue el resultado, en unos casos del abuso y en otros de la usurpación del poder, para enriquecerse".
De acuerdo con Lockward, pocos días después Balaguer se fue al exilio y el nuevo Consejo de Estado fue juramentado el 18 de enero de 1962, presidido por Rafael F. Bonelly extendió el 21 de febrero, la disposición a algunos colaboradores mediante la Decreto-Ley 5823, que pasó al Estado los bienes de Félix Bernardino, Manuel de Moya, Miguel Santelises y Julián Suardy, enviando cualquier reclamo al Tribunal de Confiscaciones de Bienes el cual, con grado de Corte, tenía el encargo de juzgar a los colaboradores que se enriquecieron a la sombra del régimen.
Lockward indicó que, no todas las confiscaciones fueron justas, la Corte de Apelación, tiempo después declaró inocentes a algunas personas una de ellas el abogado Suardy, pero sus bienes ya habían sido transferidos al Estado y de éste, a distintas instituciones como el Instituto Agrario Dominicano – que no las ha pagado - y personas particulares, como Juan Rodríguez, un ferviente opositor al régimen.
"Esos Gobiernos sultánicos, con poderes legislativos y ejecutivos, pues el Congreso Nacional había sido disuelto, dispusieron de las propiedades de los Trujillo y de los colaboradores que no les eran afectos, tras pasándolas gratuitamente o a precios de vaca muerta, pero muchas por deficiencias de las autoridades del Registro de Títulos y de la Secretaría de Estado de Confiscaciones, disuelta pocos años más tarde, pueden estar pendientes de traspaso, un labor de recuperación interesante para el Gobierno", concluyó.
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