Ramón Cruz Benzán
Uno es militar, el otro es ex funcionario, pero ambos tienen algo en común. Guardan prisión domiciliaria y son testigos claves de la acusación del ministerio público en contra de los implicados en el entramado de corrupción de los casos Operación Coral y Anti Pulpo.
Alejandro Girón Jiménez y el ex contralor general de la República, Rafael Germosén Andújar, durante el conocimiento de la medida de coerción del caso Anti Pulpo y Coral, conocido por separado, se solicitó que se les impusiera arresto domiciliario y otras medidas menos gravosas que la prisión preventiva.
Girón Jiménez, guarda prisión en un domicilio desconocido, tras la jueza del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero acogiera un pedimento presentado en ese sentido por el ministerio público.
Primero los directores de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y de Persecución, Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso habían pedido al tribunal que a Girón Jiménez se impusiera 18 meses de prisión preventiva para ser cumplido en la cárcel de Najayo.
Este cambio de modalidad de la prisión de Girón Jiménez, se produce luego de que este en una participación muy poco usual en medidas de coerción, admitiera su participación en el caso e inculpara a todos los imputados en la red y diera los detalles de cómo operaba el supuesto entramado de corrupción del caso Coral.
Por este caso están guardando prisión el exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (Cusep), mayor general del Ejército Adan Cáceres Silvestre, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
En cuanto al ex contralor Germosén, vinculado en el caso Anti Pulpo, en principio el ministerio público había pedido prisión preventiva para él al igual que para los demás imputados, pero posteriormente en la audiencia solicitó que se cambiara por arresto domiciliario, después de que éste hiciera una serie de revelaciones.
El exfuncionario en esa ocasión declaró que fue cesado del cargo tras una reunión con los entonces ministros Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, de Salud Altagracia Guzmán Marcelino y el director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) Francisco Pagán, por negarse a acelerar unos contratos para la remodelación de hospitales.
Tras su declaración Berenice Reynoso consideró que los que digan la verdad pudieran tener algún tipo de consideración, al tiempo de pedir al entonces juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, la variación de la medida de coerción para el exfuncionario.
Germosén, según el ministerio público forma parte de la estructura de corrupción que presuntamente dirigía Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, que logró sustraer 4,796 millones de pesos de los fondos públicos.
Junto a Medina y Germosén, en el expediente figuran como coimputados Carmen Magalys Medina, hermana de Danilo Medina y exvicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), así como el expresidente de esa entidad Fernando Rosa, el exdirector de la Oisoe Francisco Pagán; y el exministro de Salud Freddy Hidalgo.
Además, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda. El grupo está acusado de corrupción y lavado de activos y otros delitos.
Según el ente acusador, los imputados de la llamada operación Antipulpo, desarrollaron un modo operativo, que se inició con el tráfico de influencia, se apoyó en el entramado societario que dirigía Alexis Medina y se reforzó con la inversión en la campaña política de candidatos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
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