El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió continuar con el conocimiento de la medida de coerción contra los seis imputados en la Operación Coral, el caso más reciente de persecución contra la corrupción administrativa bajo la gestión de la procuradora general de la República Mirian Germán Brito.
Dos días antes el tribunal había pospuesto el conocimiento de la medida solicitada por el Ministerio Público en contra del exjefe de escolta de Danilo Medina, Adán Cáceres Silvestre; la pastora Rossy Guzmán; el teniente coronel de la Policía, Rafael Núñez de Aza; Raúl Alejandro Girón Jiménez; el hijo de la pastora, Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.
Contra los imputados, que fueron apresados el sábado pasado, pesan las acusaciones de corrupción administrativa, asociación de malhechores, manipulación de documentos públicos, estafa y otros delitos contra el Estado dominicano.
La defensa solicitó que “se les permita un tiempo para poder prepararse” en vista del gran cúmulo de pruebas y documentaciones en contra de sus defendidos.
“Nuestros defendidos están dispuestos a esperar tres, cuatro días más a los fines de ellos (los implicados) poder discutir con nosotros acusación por acusación para nosotros estar en condiciones de presentar una defensa técnica eficaz”, expresó el abogado de la pastora Guzmán y su hijo Tanner Flete Guzmán.
Por otro lado, la titular de la Dirección General de Persecución, Yeni Berenice Reynoso, se opuso tajantemente a la solicitud de la defensa y pidió al tribunal que la rechace en vista de que “la defensa viene en la misma tesitura de no querer conocer la medida de coerción”.
“No es razonable que unas personas que están arrestadas desde el sábado y que el Ministerio Público depositó medida de coerción el lunes, hoy viernes la defensa diga que no esté en condiciones de conocer una medida de coerción”, replicó Reynoso.
La fiscal recalcó que el tribunal “ha tutelado de manera efectiva el derecho de las partes” para permitirle acceso en condiciones especiales entre los imputados y sus respectivas defensas.
La medida de coerción es conocida por la jueza Kenya Romero, quien afirmó que en vista de lo planteado por las partes "se seguirá conociendo la causa".
La jueza argumentó que la audiencia no es el escenario para verificar pruebas, sino para determinar si es necesario o no imponer medida de coerción.
En la instancia de solicitud de medida de coerción el Ministerio Público pide un año de prisión preventiva para el grupo y declarar el caso como complejo.
En sus acusaciones el MP también señala a las empresas Único Real State e Inversiones SRL, Asociación Campesina Madre Tierra, CSNA Universo Empresarial SRL, Aldom Glass Alumimium SRL, Randa Internacional Company EIRL y RG&S Soluciones Financieras SRL.
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