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El gobierno de Puerto Rico se niega a abrir las cafeterías escolares debido a las preocupaciones generadas por el coronavirus y tampoco ha utilizado millones de dólares asignados por el gobierno federal para la isla. Esto sucede mientras un creciente número de padres batallan para alimentar a sus hijos en un territorio en el que casi 70% de los estudiantes de escuelas públicas son pobres.
El Departamento de Educación local ha entregado alimentos a organizaciones sin fines de lucro y un banco de alimentos para que sean distribuidos a los niños, pero activistas, maestros y una junta federal de control dicen que no es suficiente y que la comida no les está llegando a los más necesitados.
Mientras tanto, el gobierno estadounidense tiene unos 290 millones de dólares disponibles para alimentar a niños en las escuelas en Puerto Rico, pero los fondos no han sido tocados luego de más de un mes porque las autoridades de la isla no han presentado un plan detallado sobre cómo los utilizarían.
“Son datos que uno dice, caramba, ‘¿a dónde están llegando las ayudas?’”, dice Joalice Santiago, una maestra de cuarto grado que compra comida para sus estudiantes y, al igual que muchos de sus colegas, visita casa por casa para distribuirla.
En una mañana calurosa reciente, Santiago abrió el baúl de su coche y agarró una hogaza de pan blanco y se acercó a Delia Vicente, una mujer desempleada con dos hijos cuyo esposo está hospitalizado por una infección bacteriana y no puede trabajar como recogedor de escombros.
Vicente sonrió al ver a Santiago ya otra maestra cargando una bolsa pesada llena de huevos, galletas, leche, jamón y jugo de naranja, cosas que ella no puede darse el lujo de comprar en estos momentos.
“Trato de hacerme la fuerte, pero no puedo”, dice Vicente, secándose las lágrimas. “Trato de que no me vean llorar”.
La isla, un territorio estadounidense con 3,2 millones de habitantes, tiene una tasa de pobreza de más de 40% que está profundizándose con el encierro de casi dos meses para combatir la pandemia, en momentos en que sigue batallando para recuperarse de los estragos causados por el huracán María y una serie de sismos en medio de una recesión que ya lleva 13 años. Es la tasa de pobreza más alta comparada con cualquier estado norteamericano y Vicente dice que ella y su familia están en ese grupo. Dice que los maestros son los únicos que han donado comida para sus dos hijos, pese a que el gobierno dice que los niños están siendo alimentados desde que las cafeterías escolares cerraron a mediados de marzo.
Eligio Hernández, secretario de Educación, dijo que es demasiado arriesgado abrir las cafeterías escolares porque 64% de los empleados son ancianos y teme exponerlos a ellos y a los niños al virus. Es un dilema que los distritos escolares en Estados Unidos han enfrentado, aunque algunas cafeterías han reabierto con servicio para llevar.
El Departamento de Educación de la isla ha distribuido más de 160.000 kilogramos (350.000 libras) de alimentos de 704 escuelas a organizaciones sin fines de lucro y un banco de alimentos. Esa comida ya se agotó y pronto se distribuirán otros 81.600 kilos (180.000 libras). Hernández insiste en que las cafeterías escolares no serán reabiertas, pese a que sus trabajadores siguen recibiendo sus salarios.
Hernández no quiso comentar sobre una demanda presentada el martes por siete madres y un grupo de organizaciones sin fines de lucro contra él y el sistema escolar, en la que dicen que la acción del gobierno es “inhumana, cruel, inadecuada, insuficiente y evasiva de su responsabilidad”. Un juez le ordenó al gobierno justificar su decisión para el jueves.
La demanda dice que los 160.000 kilos distribuidos representan apenas medio kilogramo por estudiante para cubrir sus necesidades durante 40 días de encierro. Normalmente, los 292.000 niños en escuelas públicas en Puerto Rico reciben desayuno, almuerzo y una merienda.
“Tengo unos niños que están viviendo una crisis porque esos alimentos eran los únicos del día”, dice la trabajadora social Michelle Valentín. “Las familias me están llamando, diciendo que cuando llaman al banco de alimento, que no le donan”.
Denise Santos, presidenta del Banco de Alimentos de Puerto Rico, dice que las personas tienen hambre y pidió a los funcionarios del gobierno reabrir las cafeterías mientras continúa la cuarentena.
Las autoridades han reportado al menos 86 muertes y más de 1.400 casos confirmados de coronavirus.
Una junta federal que supervisa las finanzas de la isla demandó que las autoridades de educación creen un plan de distribución de alimentos y las criticó por donar comida cruda a organizaciones sin fines de lucro.
“Esto representa 14 días de alimento solamente”, le escribió la junta en una carta a la gobernadora Wanda Vázquez. “Asimismo, los alimentos se han puesto a la disposición de todos los miembros de la comunidad, y aunque es recomendable proporcionar comida para todos, este programa está diseñado para los estudiantes y sus familias”.
La junta se sumó además a maestros y trabajadores sociales que han propuesto que el gobierno puertorriqueño siga la pauta de ciudades grandes en Estados Unidos que están entregando comidas a domicilio u ofreciendo servicio para llevar. Pero algunos distritos escolares estadounidenses han reducido el volumen de comidas a medida en que se agotan los fondos o los trabajadores se enferman de COVID-19.
Es una preocupación que Nelly Ayala, presidenta del sindicato de trabajadores de cafeterías escolares de Puerto Rico, ha expresado, y añade que ellos nunca demandaron que se cerraran las cafeterías, sino solamente que se protegiera a sus empleados.
“Los empleados de comedores escolares siempre han dicho presente en todas las emergencias... pero en esta ocasión hay un problema serio de seguridad personal que hay que tener en cuenta”, dijo en una declaración.
El Departamento de Educación dice que va a lanzar un programa con fondos federales en el verano para que las organizaciones sin fines de lucro puedan ofrecer hasta dos comidas diarias para niños de hasta 18 años. Pero muchos temen que miles de personas no puedan espetar tanto.
Las más afectadas son madres solteras como Jenny Encarnación, quien está desempleada y pasa trabajos para alimentar a su hijo, estudiante de cuatro grado. Cuando Encarnación explicaba que no ha recibido ninguna ayuda del gobierno, una mujer que pasaba cerca escuchó la conversación e intervino diciendo: “¡A nadie!”, y siguió caminando.
“Los ahorros se están yendo a pique”, continuó Encarnación. “No tengo ingresos”.
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