WASHINGTON. El Tribunal Supremo de EE.UU. aceptó ayer evaluar durante una audiencia que se celebrará en abril la legalidad del veto migratorio proclamado por el presidente, Donald Trump, para restringir la entrada de los nacionales de ocho países (Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria, Yemen, Venezuela y Corea del Norte).
En una breve orden judicial, el Tribunal Supremo fijó una audiencia para abril, lo que significa que el alto tribunal emitirá un veredicto antes del final de junio.
Según la orden, los nueve jueces del alto tribunal evaluarán dos asuntos: si el veto de Trump viola la ley migratoria de EE.UU. y si vulnera el derecho a la libertad religiosa protegido por la Constitución al dirigirse contra una minoría religiosa y ciudadanos con países de mayoría musulmana.
Desde que llegó al poder el 20 de enero de 2017, alegando motivos de seguridad, Trump ha tratado de restringir la entrada al país de naciones con una mayoría de población musulmana.
Proclamó su primer veto el 27 de enero y, después de un gran caos en los aeropuertos de todo el mundo, la medida fue bloqueada por la Justicia.
Trump, entonces, proclamó en marzo su segunda iniciativa contra refugiados y países de mayoría musulmana, que entró en vigor en marzo y que fue sustituida por un tercer veto, cuya legalidad estudiará ahora el Tribunal Supremo y que incluyó por primera vez a dos países sin mayoría musulmana (Venezuela y Corea del Norte).
Ese tercer veto fue proclamado el 24 de septiembre y, después de varios reveses judiciales, entró en vigor por completo en diciembre del año pasado por orden del Tribunal Supremo.
Ese tercer veto impide la entrada a EE.UU. de cinco países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Siria, Yemen y Libia) que han estado incluidos en todas las versiones de esa restricción y, además, incluyó a Chad, también de mayoría musulmana y un importante aliado de EE.UU. en la lucha contra el terrorismo.
El Gobierno de Trump decidió incluir a Chad por la fuerza que varios grupos terroristas, como Boko Haram y Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), tienen en su territorio.
En esa tercera versión, Trump, además, metió a Corea del Norte y a Venezuela, donde las restricciones del veto solo afectan a algunos funcionarios y su “familia inmediata”.
En concreto, fueron sancionados los funcionarios de Venezuela encargados de proporcionar a EE.UU. información sobre la identidad de los venezolanos que ingresan a su territorio, es decir, los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, entre otras instituciones.
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