SANTO DOMINGO.- Cientos de ciudadanos exigieron al presidente Danilo Medina que observe el Código Penal aprobado por el Congreso Nacional, de manera que queden protegidos los derechos de las mujeres y las niñas, como mandan la Constitución de la República y los tratados internacionales de los que el país es signatario, y tal como lo hizo en 2014.
Ciudadanos independientes, organizaciones campesinas, de salud, académicas, de derechos humanos, feministas, entre otras, encabezadas por la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, se unieron durante una caminata realizada este domingo 18 desde el Parque Colón hasta el Parque Independencia, en la Ciudad Colonial, y a una sola voz demandaron al presidente de la República ser coherente con su postura de observación al Código Penal de hace dos años, en la cual planteó las tres excepciones para la despenalización del aborto demandadas por distintas organizaciones de mujeres, feministas y de la sociedad civil.
El proyecto de Código Penal que conoció y aprobó nuevamente de urgencia el Senado de la República el pasado miércoles 14 de diciembre mantiene la criminalización del aborto producto de una violación sexual o incesto y por mal formación congénita del feto incompatible con la vida fuera del útero, excluyendo así la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo en el año 2014.
“La interrupción del embarazo, al menos en estas situaciones, es un asunto claro de salud pública, de reducción de muertes maternas, siendo irresponsable e innecesariamente postergado en perjuicio de cientos de mujeres y niñas que, como Rosaura Almonte –Esperancita-, pierden sus vidas por no recibir la atención medica requerida para salvarse ante emergencias obstétricas”, afirmaron representantes de la Coalición durante la caminata.
Advirtieron que mantener la criminalización en las circunstancias descritas representa una violación flagrante de los derechos humanos de las mujeres y las niñas al obligárseles a llevar a término un embarazo que atenta contra su propia vida, su dignidad, o su integridad psíquica y moral.
Agregaron que en el Código Penal aprobado por el Senado se les niega a las mujeres su derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, a la igualdad, y a no ser sometidas a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, todos estos derechos consignados en nuestra Carta Magna y en tratados internacionales que en República Dominicana hemos ratificado y asumido.
“Como ciudadanos y ciudadanas rechazamos tajantemente esta nueva afrenta a los derechos de las mujeres y niñas, no obstante el consenso logrado en 2014 por todos los sectores sociales, incluyendo la comunidad médica y científica,” según consta en la declaración leída durante la manifestación donde participaron representantes de organizaciones nacionales e internacionales, ciudadanía organizada e independientes de todas las regiones del país.
Aseguraron que la República Dominicana exhibe vergonzosamente una de las más altas tasas de mortalidad materna, asociada, en importante medida, a abortos clandestinos realizados en condiciones inseguras (tercera causa de muerte materna) afectando de forma especial a aquellas mujeres de escasos recursos y provenientes de sectores vulnerables.
Durante la manifestación también hubo testimonios muy sentidos de representantes de enfermeras, que ven morir a mujeres pobres victimas de abortos inseguros o porque las penalizaciones no permiten al personal médico salvar a las madres cuando su vida está en riesgo, trabajadoras que sufren violaciones y que se ven obligadas a llevar a término un embarazo, madres que han perdido a sus hijas, campesinas y otras poblaciones afectadas por la penalización total del aborto que hay en país.
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres exige al Gobierno dominicano el cumplimiento de los acuerdos internacionales y nacionales firmados con el propósito de erradicar la violencia en contra de las mujeres, especialmente la ejercida de manera institucional y estructural al penalizar el aborto producto de una violación sexual o incesto o por mal formación congénita del feto incompatible con la vida.
“Exigimos al señor Presidente de la República asumir su compromiso con los derechos a la vida y a la salud de todas, y que observe el Código Penal aprobado, que continúa impunemente facilitando feminicidios desde el Estado, que son una expresión de violencia institucionalizada contra las mujeres”, declararon las organizaciones.
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