BRASIL. El Grupo Odebrecht mantenía un esquema de contabilidad paralela para el pago de dinero a terceras personas, algunos de ellos vinculados al poder público de Brasil.
El hallazgo fue revelado hoy por la Policía Federal durante una rueda de prensa que realizó junto a dos de los procuradores federales que llevan el caso del escándalo de corrupción político-empresarial conocido como “Lava Jato”.
Entre los beneficiados con los pagos que -según la Policía Federal- realizaba Odebrecht, se encuentran el exasesor de la campaña electoral del presidente dominicano Danilo Medina, Joao Santana, y su esposa Mónica Moura, quienes habrían recibido 22 millones de reales (unos US$6 millones) entre 2014 y 2015.
Dichos montos son adicionales a otros US$3 millones que habría recibido la pareja entre 2012 y 2013 de parte del grupo empresarial, cuando trabajaron en campañas electorales en Brasil, según se especificó.
A los esposos se les señala como intermediarios de la empresa para los pagos a terceros.
Renata da Silva, una de las delegadas de la Policía Federal que encabezó la rueda de prensa, indicó que en las cuentas están vinculados ejecutivos de Odebrecht tanto del área operacional como de la parte financiera.
Las cuentas paralelas se descubrieron gracias a las declaraciones de Maria Lúcia Tavares, secretaria de Hilberto Mascarenhas, un ejecutivo del Grupo Odebrecht que guarda prisión preventiva por el caso Lava Jato.
Taveras habría llegado a un acuerdo de colaboración con las autoridades a las que les entregó documentos relacionados a las transacciones.
Entre los beneficiarios de los pagos que habría realizado Odebrecht hay entre 25 y 30 personas identificadas, pero los investigadores aclaran que muchos de los registros fueron destruidos, por lo que no se ha podido determinar quiénes son todos los implicados.
Los pagos involucran a empresas del Grupo Odebrecht, tanto dentro como fuera de Brasil.
Al cuestionar a la delegada Da Silva si entre los pagos realizados se incluyeron obras que la Constructora Norberto Odebrecht ha ejecutado en la República Dominicana, respondió: “Hemos revisado algunos materiales y a primera vista no se ha encontrado nada relacionado, pero las investigaciones siguen abiertas”.
Por el hallazgo de las cuentas hay 28 pedidos de medidas de coerción, 11 de prisión temporal más otros 4 de prisión preventiva. Los casos están distribuidos en los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro, Bahía, Pernambuco, Minas Gerais y Río Grande, así como en el Distrito Federal.
El procurador federal Carlos Fernando Lima afirmó que la nueva acusación es una prueba de que se está combatiendo la corrupción y que se aportarán todas las evidencias en la medida que sean descubiertas.
Aseguró que Lava Jato tiene un foco básico en la estatal Petróleos Brasileiros (Petrobras), y que sea cual fuera la empresa, partido político o gobierno, se le dará seguimiento a las investigaciones “por todo Brasil”.
El caso de corrupción, que envuelve pagos de sobornos para campañas políticas, ya ha enviado a prisión a los directores de varias de las mayores constructoras de Brasil y ha envuelto a políticos, entre estos el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la actual mandataria, Dilma Rousseff.
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