SANTO DOMINGO.– La Asociación Dominicana de Empresas de Inversión Extranjera (ASIEX) calificó de desafortunado el “manejo discrecional” con el que operan los ayuntamientos de diversos municipios, los cuales –según dijo- imponen trabas burocráticas que impiden el desarrollo de inversiones en el país y atentan contra el clima de negocios y la seguridad jurídica.
El presidente de ASIEX, Ramón Ortega, dijo que lamenta la situación de importantes empresas extranjeras miembros de esta entidad, las cuales en varias ocasiones se han visto obligadas a detener el desarrollo de proyectos debido a trabas municipales “carentes de legalidad”.
Éntre los ayuntamiento que estarían incurriendo en esas prácticas figuran los de Puerto Plata, Quisqueya, Pedro Brand, Boca Chica y Los Alcarrizos, dice la entidad.
“Para la Asociación constituye una lesión grave a la seguridad jurídica los constantes obstáculos que provocan las trabas municipales al desarrollo de proyectos en diversas provincias del país, tales como: cobro de arbitrios o tasas municipales basados en decisiones o resoluciones contrarias a la Ley y los Acuerdos Internacionales sobre Inversión suscritos por el país, falta de respuesta en las solicitudes de permisos administrativos, declinación de autorizaciones sin justificación alguna, entre otros.”
Específicamente en el área de telecomunicaciones, dijo que para la ASIEX resulta preocupante que proyectos orientados a brindar mayores servicios a los usuarios no se hayan podido desarrollar “por dilación y cobros injustificados de arbitrios y tasas municipales, a pesar de los criterios de ilegalidad que acoge la jurisprudencia dominicana sobre este tipo de acción”.
Indica que las leyes indican que estas actividades deben ser gravadas únicamente por impuestos nacionales, quedando excluidos de la aplicación de arbitrios o tasas municipales.
Agrega que situaciones similares ocurren en otros sectores como el de las cementeras.
Patricia Bobea, directora Ejecutiva de ASIEX, advirtió que “el desarrollo de inversiones en el país no puede continuar sujeto a la voluntad de reglas discrecionales de cada ayuntamiento municipal”.
“Por tanto, hacemos un llamado para aunar esfuerzos y construir una normativa que ponga fin a la burocracia obsoleta en la aprobación de permisos y demás operaciones propias de la instalación y desarrollo de proyectos, de modo que estas dilaciones no continúen siendo un obstáculo tangible para la inversión de grandes capitales”, expresa.
La Inversión Extranjera en la República Dominicana, que en el 2015 alcanzó los US$30,783 millones según las estadísticas del Banco Central, se traduce en desarrollo social y económico para toda la nación, por los aportes que generan en los ingresos fiscales y la creación de empleos formales.
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